REFERÉNDUM TIENE FECHA
LA PAZ [EL COMERCIO / AGENCIAS]. Los bolivianos acudirán el próximo 10 de agosto a un referéndum histórico para decidir si ratifican o revocan el mandato del presidente Evo Morales, de su vicepresidente Álvaro García Linera y de nueve prefectos departamentales.
Morales promulgó ayer la ley de convocatoria del referéndum revocatorio que supone un hito en la historia del país, ya que es la primera vez que Bolivia celebrará una consulta de estas características. "No tengo miedo al pueblo: que diga su verdad y nos juzgue", subrayó Morales tras promulgar esta ley, cuatro días después de que el Senado decidiera de forma sorpresiva aprobarla, al rescatar una iniciativa que partió del propio gobernante el pasado mes de diciembre.
La Cámara de Diputados aprobó la norma en enero y la pasó al Senado, donde quedó paralizada varios meses hasta que la oposición, que controla esta cámara legislativa, decidió darle luz verde tal vez previendo un resultado a su favor, tras el triunfo del Sí en la consulta sobre el reglamento autonómico de Santa Cruz.
El jefe del Estado ha aceptado con satisfacción someterse a la consulta que se celebrará prácticamente en la mitad de su mandato, que además supone un récord de permanencia en el sillón presidencial, si se compara con sus cuatro antecesores inmediatos. Morales hizo ayer un llamado a la comunidad internacional para que enviara observadores al proceso revocatorio, al tiempo que pidió a la Corte Nacional Electoral que articulara un proceso transparente.
Pero el cargo de Morales no es el único que está en juego, pues la consulta también incluye a los prefectos de los nueve departamentos del país. Sin embargo, esta convocatoria departamental plantea dudas sobre el caso de Chuquisaca, que está regida por un prefecto interino nombrado por Morales después de que el titular huyera del país en noviembre por los violentos episodios que dejaron en su capital, Sucre, tres muertos y trescientos heridos durante las reuniones de la Constituyente. De hecho, se ha fijado la fecha del 29 de junio para celebrar elecciones en este departamento, con el fin de elegir a un nuevo prefecto.
En cualquier caso, el 10 de agosto se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo, por un lado, con la continuidad del proceso de cambio encabezado por Morales y su vicepresidente, y, por otro, con la permanencia de los prefectos. La ley promulgada establece que para revocar los mandatos hace falta que el No supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios del 2005, en los que fueron elegidos Morales, el vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos. En el caso de Morales y García Linera tendrían que dejar los cargos si el No es superior al 53,7% de apoyo que obtuvieron.
Si los bolivianos deciden revocar al presidente y al vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses. Si los prefectos no salen ratificados, deben cesar en su cargo y el jefe del Estado designaría a prefectos interinos y tendrían que celebrarse comicios departamentales.
RECHAZAN DIÁLOGO
A pesar del inicio formal del proceso revocatorio, el Gobierno mantiene la oferta de diálogo con los prefectos para buscar soluciones a la crítica situación política del país, dividido entre simpatizantes de las reformas emprendidas por Morales y las demandas autonómicas departamentales.
Pero una vez más los prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija rechazaron asistir a la reunión convocada por Morales. En un comunicado conjunto, los prefectos Rubén Costas, Ernesto Suárez, Leopoldo Fernández y Mario Cossío exponen sus razones para no acudir a la cita programada en La Paz. Según el documento, los prefectos consideran que "la oferta de diálogo lanzada por Morales no toma en cuenta aspectos relevantes para (lograr) un acuerdo nacional que dé solución a los problemas estructurales del país". También acusan al Gobierno de desconocer los procesos autonomistas impulsados por sus regiones.
CLAVESOjo a las cifras
Los prefectos serán revocados si el No supera el 37,9% en el caso de La Paz, 48% en Pando, 44,6% en Beni, 47,8% en Santa Cruz, 40,9% en Oruro, 40,9% en Potosí, 45,6% en Tarija y 47,6% en Cochabamba.