Por Christian Navarro Rojas
La inminente realización de la V Cumbre ALC-UE ha puesto la atención sobre el tema del cambio climático. Ayer la Asociación de Exportadores (ÁDEX) alertó, sobre la base de un estudio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que las exportaciones peruanas a este bloque económico podrían desacelerarse.
Según la CAN, a partir del 2025, el cambio climático ocasionaría pérdidas por US$30.000 millones anuales en el valor total de la producción de bienes y servicios de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.
En idéntico sentido, Alfredo Menacho, director de ÁDEX, solicitó el trabajo conjunto de los sectores público y privado para formular medidas de contingencia en apoyo del sector agrario, que sería uno de los más perjudicados con la escasez de agua, uno de los problemas que acarrea el cambio en el clima mundial.
DESDE EL CIES
En la mañana de ayer, Gonzalo Portocarrero, director ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), coincidía con el diagnóstico de la CAN. Así, señalaba que el Perú era uno de los países más expuestos a los efectos negativos del cambio climático, pues la disminución del área cubierta por glaciares (que en los últimos 25 años ha pasado de 2.042 km2 a 1.596 km2) puede limitar la disponibilidad de agua para las ciudades costeras, elevar el nivel del mar, aumentar la incidencia de enfermedades, como la malaria, el cólera y la hipertermia, así como deteriorar los rendimientos agrícolas.
Ayer en la sede del CIES, en San Isidro, se presentaron tres trabajos que abordan este tema. Entre ellos, uno de Elsa Galarza, economista de la Universidad del Pacífico, que sostiene que la vulnerabilidad del cambio climático en el Perú se ha hecho más evidente en los últimos años por el creciente proceso de urbanización en el país. Ello obedece a que la población que llega a las ciudades (mal planificadas y sin servicios básicos) se asienta, por lo general, en zonas con riesgo de deslizamientos y sismos, y no cuenta con recursos para adaptarse a dichos desastres.
Y aunque todavía no hay una cuantificación de los costos evitados por las acciones de prevención de desastres, Galarza sostiene que los dos últimos fenómenos de El Niño (1982-1983 y 1997-1998) son una muestra de que la prevención resulta menos costosa que la reparación de los daños. Sin embargo, refiere que sí hay estimaciones en el ámbito mundial y que el costo de permanecer indiferentes ante el cambio climático equivale a una pérdida anual del 5% del PBI mundial.
MÁS ESTUDIOS
En la jornada también se presentaron los estudios de Mariano Castro, de la Universidad Católica, y de las investigadoras del IEP Roxana Barrantes y Rosa Morales.
El estudio de Castro señala que la política fiscal peruana, diseñada desde el MEF, es ineficaz para contribuir a la venta de combustibles más limpios. Ello se debe a que el MEF no ha considerado su Índice de Nocividad en la fijación de impuestos que deben pagar. Según Castro, el costo de la contaminación del aire equivale a 0,9% del PBI.
Finalmente, la investigación de Barrantes y Morales señala que los estudios presentados al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) debería incluir la probabilidad de ocurrencia de eventos asociados al cambio climático y el cálculo de la reconstrucción del proyecto o de cuánto costaría una demora en su ejecución.
La oportunidad ambiental
El tema del cambio climático no solo trae riesgos, sino también oportunidades. El CIES ha incluido en la última edición de su revista "Economía y Sociedad" un artículo del ecólogo Antonio Brack, responsable de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, en el que señala que el siglo XXI es el de las preocupaciones ambientales, pues estos problemas comprometen la economía y las sociedades en el ámbito global.
En el artículo, Brack insta a un manejo activo de los problemas ambientales y señala que el costo de implementar el portafolio del medio ambiente sería de S/.2.000 millones en diez años (S/.200 millones anuales), mientras que el costo asociado a no hacerlo sería de S/.82.000 millones, tomando como referencia estudios del Banco Mundial. Ello se debe a eventos relacionados con una mala gestión de la contaminación del aire, saneamiento deficiente, una creciente contaminación del agua, mala disposición de residuos sólidos, minería informal e ilegal y pérdida de bosques y desertificación.