Facilitan la inversión privada en las regiones

Ante los problemas que enfrentan los gobiernos locales y regionales para ejecutar sus obras de infraestructura, el Ejecutivo publicó una ley que facilita la contratación de empresas privadas para este trabajo. Eso sí, se ha establecido una serie de procedimientos para ello.

En ese sentido, se ha dispuesto que los gobiernos locales y regionales que decidan optar por esta vía primero tendrán que elaborar una lista de proyectos prioritarios para su región, la cual será entregada a Pro Inversión para que la difunda y, de solicitarlo la región o el gobierno local, para que la agencia promueva el proceso y elija a la empresa que ejecutará el proyecto.

Eso sí, los proyectos elegidos para ser ejecutados por los privados tendrán que ser aprobados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y contar con un presupuesto definido por este organismo, el cual sería la referencia para el proceso de licitación.

El sistema de pago por las obras que ejecuten los privados será el de certificado por cumplimiento de avance de obra: cada vez que se cumple la meta (fiscalizada por una empresa supervisora), la empresa contratada puede exigir el pago del certificado, denominado Certificado de Inversión Pública Regional y Local-Tesoro Público.

De acuerdo con la norma, los certificados que se emiten no serán negociables. Pero ello no los exime de poder ser usados para estructurar emisiones de bonos titulizados, en caso las empresas constructoras quieran financiamiento.

La norma establece que el financiamiento de los certificados se dará con los recursos provenientes del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones que perciba el gobierno regional o local.