Por Alejandro Vassilaqui. Director Ejecutivo Cedro
Al 2006, la Oficina de las Naciones Unidos Contra la Droga y el Delito (Onudd) calculó la existencia de 51.400 hectáreas de hoja de coca en el país, lo que suponía un incremento del 7% en relación con el año anterior. Para el 2007, todo hace suponer que el incremento será aproximadamente de otro 7%. Ello puede significar un crecimiento sostenido, de 6% anual.
Todo ello sucede a pesar de los esfuerzos de autoerradicación y erradicación concertada llevados adelante durante el año pasado, y que son de aproximadamente 10.500 hectáreas de hoja de coca ilegal.
Últimamente se han dado grandes avances de un desarrollo integral, como es el caso de Tocache, gracias a la intervención de los propios campesinos con el apoyo de Devida y Usaid. Las zonas se han transformado convirtiéndose en productoras de palma aceitera, cacao, arroz, etc.
¿Qué es, entonces, lo que está sucediendo? Están creciendo los cocales en lugares donde antes su existencia era mínima, tales como Putumayo, Yanajanca, Marañón y Sandia. Asimismo, cuando antes se concentraba la producción en ocho cuencas cocaleras, hoy esta se da en 14 cuencas, lo que significa una intensificación liderada por el narcotráfico con la estrategia de que el campesinado emigre a otras zonas y cultive hoja de coca ilegal.
En síntesis, se puede decir que un tercio de las nuevas hectáreas de hoja de coca ilegal corresponde a resiembra, y dos tercios a sembríos en lugares donde antes la hoja de coca no existía. Es, pues, claro que el nivel de pobreza en los lugares expulsores de mano de obra hace que algunos campesinos se dediquen a los nuevos cultivos de hoja de coca, al mismo tiempo que otros acceden a los crecientes éxitos de desarrollo agrario, fundamentalmente en la costa de nuestro país. Los primeros migran hacia zonas donde les será posible iniciar el sembrío ilegal de la hoja de coca.
Se necesita comenzar procesos de prevención del cultivo de hoja de coca ilegal en aquellos lugares que son expulsores de la mano de obra.
Es importante que el campesino no caiga en la trampa de las falsas promesas al ocultárseles los resultados de lo que obtendrá, además de algunos pocos beneficios económicos: la dependencia de las mafias del narcotráfico, la violencia, la inseguridad en la crianza de los hijos, que estarán expuestos a caer en la cadena producción-tráfico-consumo, es decir, los costos de la ilegalidad que alejan cada vez más al verdadero desarrollo.
Es perentorio el desarrollo de los procesos preventivos intensificando las acciones de desarrollo integral en aquellos lugares expulsores, por su pobreza y falta de futuro. Programas integrales que afirmen la democracia y promuevan oportunidades desde las bases, con la concurrencia del Gobierno Central, de sus gobiernos locales, la sociedad civil y la cooperación internacional y extranjera, que son indispensables. Ejemplo de esto es el reciente acuerdo firmado con Alemania y el plan que se está desarrollando con la Unión Europea. Las tierras prometidas pueden estar bajo los propios pies, cuando hay una planificación concertada y una gerencia ágil. Ello, unido a una cultura de la legalidad y al esfuerzo, hacen el terreno propicio para un desarrollo sano.