Cuentas a tiempo

Por Beatriz Boza

Los escolares saben que el heladero suele fiarles las golosinas si pagan a tiempo. El ama de casa sabe a qué bodeguero comprarle: no solo al que le fía sino también al que le da buenos productos. Así, tanto el heladero como el bodeguero, el mecánico, el electricista y el peluquero saben que sus clientes no vuelven si no ven resultados satisfactorios. Sea por los S/.5 de las golosinas, S/.3 por cambio de llanta o punto de conexión eléctrica, S/.25 o S/.50 del corte de cabello o S/.500 para arreglar el motor, niños y mayores somos exigentes. Es curioso, sin embargo, que cuando lo que está en juego son cifras mucho mayores, perdemos de vista la necesidad de cuidar lo nuestro.

Cada año dejamos que nuestras autoridades gasten el fruto de nuestros impuestos y no les pedimos que nos rindan cuentas. Es más, nuestro sistema institucional no permite que el Congreso revise la ejecución del gasto de años recientes antes de autorizar el nuevo gasto. Para este año, por ejemplo, el Presupuesto de la República 2008 asciende a más de S/.71 mil millones (comparado con S/.31 mil millones del 2000) y, según la Constitución, recién hacia fines de noviembre de este año el Congreso debe recibir, para su revisión, la Cuenta General de la República del 2007 (¡del año pasado!). Es decir, cuando ya se revisó el proyecto de presupuesto del 2009 y se está por aprobar la ley correspondiente, nuestros congresistas reciben los estados financieros del 2007 de todo el Estado Peruano.

¿Cómo esperamos que los congresistas puedan, en tan corto tiempo, evaluar la gestión del 2007, compararla con lo que se percibe del 2008 y lo que el Ejecutivo les propone para el 2009? El problema no solo se reduce a este desfase de dos años sino que se agrava porque 256 entidades no cumplen con entregar oportunamente su información a contaduría, entre las que destacan el año pasado 23 municipios de Cajamarca, 15 empresas públicas, y el gobierno regional de Huancavelica. Además, no solemos usar la cuenta general como un elemento para la asignación de presupuesto.

En este contexto, la formulación y aprobación de nuestro presupuesto público es básicamente inercial e histórica, difícilmente orientada a resultados. La situación se complica porque no contamos con sistemas públicos de información centralizada sobre el gasto de las sociedades de beneficencias, reguladoras y supervisoras, y, sobre todo, respecto de los gobiernos locales.

El desarrollo tecnológico y de las comunicaciones, así como la mejora de los procedimientos contables y de la gestión de la Contaduría de la Nación y de la contraloría han reducido en la práctica los plazos de presentación de la información presupuestal al Congreso.

Hace bien el Gobierno en proponer adelantar esa entrega al 1 de setiembre. ¿Pero, por qué no puede ser antes? ¿Por qué el Estado le exige al sector privado pagar impuestos antes del 15 de abril con base en estados financieros auditados y se exime a sí mismo de hacer lo propio? Podría proponerse junio como una buena fecha para ello.