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Inversión en infraestructura: más que hacer

En el fragor de los días de la Cumbre ALC-UE se publicó un decreto legislativo cuyo contenido no puede pasar desapercibido. Por un lado, establece que Pro Inversión se quedará con los grandes proyectos y con el manejo de las iniciativas privadas, y por el otro incrementa el porcentaje de endeudamiento del Gobierno para otorgar garantías a los proyectos que requieran cofinanciamiento, del 5% al 7% del PBI.

Esto es fundamental para promover las concesiones y la inversión pública y privada, sobre todo en infraestructura, en lo que hay un déficit monumental, equivalente a 22 mil millones de dólares.

Así, se empieza a aclarar el futuro de Pro Inversión, sobre lo que había una serie de especulaciones y, paralelamente y se establece criterios para formar los comités especiales de promoción de inversión privada (Cepri) en los ministerios. Adicionalmente, se define el marco de actuación del sector público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública o la prestación de servicios con la participación del sector privado.

Saludamos la buena voluntad del Gobierno para empezar a cambiar el anquilosado sistema de inversiones en todas las instancias del aparato público, incluidas las regiones. Sin embargo, es evidente que faltan algunas precisiones, que deberán reflejarse en los reglamentos respectivos, pero también hay que continuar evaluando procesos para que todo no quede en buenas intenciones.

Efectivamente, es preocupante que continúen las postergaciones de algunos proyectos, sean de telecomunicaciones, tren eléctrico u otros, simplemente porque el engranaje exige procedimientos burocráticos complejos, recargados o innecesarios, sea en la convocatoria, evaluación técnica o en los procedimientos a cargo de la Contraloría.

Ahora que hay más capacidad de financiamiento y claridad en las funciones macro, hay que seguir simplificando procedimientos para hacerlos más dinámicos y efectivos, de modo que convoquen la mayor participación del sector privado a través de concesiones o la tercerización.

Ampliar la infraestructura pública es condición indispensable no solo incrementar la competitividad y responder a las exigencias del crecimiento económico, sino también para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.