El Congreso evaluará la norma sobre comunidades campesinas

Un grupo de 30 congresistas de distintas bancadas presentó una propuesta de ley para que se elimine el Decreto Legislativo 1015, que flexibiliza el número de votos necesarios entre los miembros de las comunidades campesinas de la sierra y selva para gravar, arrendar o vender las tierras comunales. La norma fue aprobada por el Poder Ejecutivo, como parte de las facultades legislativas que obtuvo para la implementación del tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU.

Es así que este decreto permite que las decisiones sobre el uso de las tierras sean con el voto a favor de no menos del 50% de los miembros asistentes a la asamblea, instalada con el quórum establecido según los estatutos de las comunidades. Antes de la norma eran necesarios dos tercios del total de miembros de la comunidad.

Si bien la principal motivación apunta a que dicho procedimiento sea igual al que ocurre con las comunidades de la costa, la norma es el resultado de la visión del presidente Alan García para promover la inversión privada y la mejora de la competitividad agrícola, la cual fue planteada en uno de sus artículos de opinión denominado "El perro del hortelano", publicado en este Diario.

En ese momento, García argumentó que existen comunidades campesinas artificiales, que tienen 200.000 hectáreas en el papel, pero que solo utilizan 10.000 para la agricultura. Por eso mismo, el Ejecutivo envió en diciembre pasado su proyecto de ley sobre las comunidades campesinas.

Sin embargo, en el Congreso, la Comisión de Pueblos Andinos debatió y mandó al archivo la propuesta. A su vez, la Comisión Agraria se encontraba en plena discusión de la misma, cuando el Ejecutivo la promulgó como parte de sus facultades legislativas.

Hoy, los legisladores que presentaron la propuesta legislativa pertenecen a los partidos humalista, Alianza Parlamentaria y el fujimorismo. La autora de la propuesta, la legisladora humalista Yaneth Cajahuanca, expuso que la propuesta vulnera la adscripción del Perú al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se indica que cualquier cambio normativo que afecte a las comunidades tiene que ser el resultado de una consulta.

"El Ejecutivo quiere agilizar el tema del ingreso de la inversión privada a las comunidades, pero no ha pensado en los conflictos sociales que puede originar", sostuvo Cajahuanca.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresó ayer su disconformidad con la norma. Al igual que la parlamentaria, el adjunto de los temas de servicios público de la defensoría, Vito Verna, alertó que la reducción del número de comuneros que participen en la decisión final del destino de sus tierras podría originar inseguridad incluso para las inversiones. "¿Qué pasa si menos de la mitad de los comuneros decide vender las tierras de la comunidad? Lo más probable es que esos que votaron sean al día siguiente linchados", reflexionó.

Agregó que el Decreto Legislativo 1015 iba en contra de la Ley General de Sociedades. "En una empresa cualquiera, si se tiene que un bien es más del 50% del capital social, la Ley General de Sociedades dice que las decisiones son por mayoría absoluta (mitad más uno) de todos los accionistas", apuntó.

MÁS DATOS
4 Diversos gremios de agricultores anunciaron actos de protesta que se desarrollarán en junio contra el Decreto Legislativo 1015.
4 La Confederación Nacional Agraria (CNA) y otros gremios encabezarán movilizaciones entre el 20 y 24 de junio. Este último es el Día del Campesino.
4 En tanto, dichos gremios anunciaron que se aunarán al paro de la CGTP programado para el 8 y 9 de julio.