Empresas asumirán pagos si contratas no cumplen con sus trabajadores

Por Azucena León Torres

Con 51 votos a favor y 40 en contra el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que regula la tercerización laboral. De esta forma, se otorga rango de ley a un esquema de contratación que, pese a su importancia, hasta ayer solo estaba regulado por decreto supremo. Pero, además, le permite al Poder Ejecutivo cumplir uno de los tres compromisos asumidos hace dos semanas con la Federación Minera, con los cuales evitaron una huelga nacional.

¿Qué cambios introduce la polémica norma? En principio, si una compañía que brinda servicios de tercerización (contratas) no cumple con el pago de los beneficios laborales de su personal, la empresa que la contrata deberá asumir dicha deuda solidariamente, al menos en el primer año de haber culminado el vínculo laboral. Además, el texto precisa que para que una empresa ofrezca servicios de tercerización debe contar con recursos financieros propios, materiales y más de un cliente.

Según el presidente de la Comisión de Trabajo, Isaac Serna, el proyecto que fue gestado en su grupo de trabajo permitirá dos cosas: evitar un mal uso de la tercerización y eliminar el incumplimiento del pago de beneficios laborales. "Con estas exigencias será difícil que se creen empresas de fachada para evadir beneficios y que nadie le responda al trabajador en caso de que su empresa desaparezca", dijo. Además, se obligará a las empresas a tener contratas que cumplan con sus obligaciones laborales.

POSICIÓN CONTRARIA
Los cambios en la tercerización, además del proyecto de ley que establece una nueva distribución de utilidades y permite que los trabajadores de la contrata accedan al pago de este beneficio, fueron duramente criticados por la Confiep. Los directores de las principales empresas del país, asociadas a este gremio, se reunieron ayer para dar su punto de vista crítico.

Carlos del Solar, primer vicepresidente de Confiep, advirtió que lo aprobado en el pleno, conocido también como responsabilidad solidaria, llevará a que la empresa contratista se desentienda de sus compromisos legales.

"No se puede obligar a una empresa a asumir la responsabilidad de un tercero, no es constitucional. Esto solo generará más negligencia y descuido por parte de la contratista, porque sabe que será otra la que también podrá responder" dijo. Precisó que si al Ejecutivo le preocupan las irregularidades debe incidir en el tema de la fiscalización y no achacar a las empresas una responsabilidad que recae en el Ministerio de Trabajo.

Del Solar precisó que el proyecto de tercerización y el que establece una nueva distribución de utilidades atentan contra la Constitución. "Con ambos proyectos se cambian las reglas de juego, lo cual generará informalidad ", dijo. Asimismo, indicó que esto desalentará las inversiones.

Respecto de la propuesta que permite que los trabajadores de contrata reciban utilidades de una empresa principal, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Isaac Cruz , dijo que de concretarse esta medida solo se generarán más conflictos. "El Poder Ejecutivo legisla y solo piensa en un sector. ¿Acaso se ha preguntado a los trabajadores de los demás sectores si están dispuestos a compartir su utilidad?", anotó.

El asesor de la Confiep en temas laborales, Alberto Felipe de la Hoz, manifestó durante la mañana que si prosperan ambas iniciativas (ya lo hizo la iniciativa sobre tercerización) los empresarios irán hasta las últimas consecuencias. "Esperamos que el Ejecutivo las observe, si no, plantearemos un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", enfatizó el representante.

¿Hay posibilidad de que el Gobierno las observe? El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, manifestó que no habrá marcha atrás. "Lo único que se ha hecho en la tercerización es regular el tema para evitar los incumplimientos", dijo.

Además, Del Castillo descartó que el Ejecutivo esté cambiando las reglas de juego. "El proyecto de utilidades no solo constituye un tema de justicia, sino que no debe sorprender, pues, constituía parte del plan de gobierno del Apra y ha sido materia de discusión con el gremio minero, al que incluso le envié el reciente proyecto y aportó con un texto alternativo sin mostrar su rechazo como argumenta", dijo.

Pero la discusión de temas laborales no se restringió exclusivamente al pleno. Ayer la Comisión de Trabajo aprobó modificar la Ley del Trabajador Portuario, para establecer la negociación por rama, y derogar los artículos 32º, 33º y 34º del Decreto Ley Nº 22342, que promueve los contratos temporales en el sector exportador no tradicional. Ambas iniciativas continuarán levantando polémica.

DEL CONSULTOR
Utilidades, la otra polémica*
La participación en las utilidades es una institución singular, son pocos países que la contemplan. Estamos ante el único beneficio laboral de la década militar con tal importancia que tiene reconocimiento constitucional a diferencia de la CTS.

Un sistema justo debe partir por unificar los porcentajes de distribución de utilidades. Primero, no hay razón técnica para que las pesqueras o industrias distribuyan 10%, las mineras y restaurantes 8% y una entidad financiera 5%, existe esta discriminación y las iniciativas no contemplan nada de ello. En segundo lugar, solo deben distribuir las entidades que repartan utilidades a sus accionistas. Hoy ciertos inspectores consideran que una asociación debe distribuir utilidades laborales.

En tercer lugar, se propone distribuir dos tercios de las utilidades por días laborados y un tercio sobre las remuneraciones (hoy es 50% para cada uno). Es decir la mera asistencia a laborar es más relevante que el desempeño.

En cuarto lugar, se desea suprimir el tope de 18 sueldos para la percepción de utilidades. Hoy día, el exceso de 18 sueldos es un impuesto destinado a la capacitación laboral y apoyo a zonas rurales. Estamos ante una manifestación de solidaridad, de redistribución de la riqueza.

Finalmente, tenemos la intención de repartir las utilidades entre personal de terceros ('services' y tercerización) porque existen abusos. Cada empresa es independiente y debe generar sus propias utilidades; si existe simulación, la solución es simple: el personal debe pasar a la empresa principal.
* Jorge Toyama. Laboralista