El Caso Huarancca: Otra perla del todavía destituido vocal Ángel Romero

Por Miguel Ramírez. Unidad de Investigación

El suspendido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Ángel Romero --sobre quien pesa un pedido de destitución por haber favorecido ilegalmente a un grupo de ex trabajadores del Banco Central de Reserva-- tiene también una denuncia por prevaricato, omisión de denuncia y asociación ilícita para delinquir, que actualmente es investigada por el fiscal supremo Percy Peñaranda y la Oficina de Control de la Magistratura.

El autor de la denuncia es Víctor Huarancca, un empresario que denunció en el 2007 a Romero (cuando este presidía la Cuarta Sala Civil) porque el magistrado se abocó de manera ilegal al proceso de una de sus empresas con la intención de favorecer a una entidad bancaria. Esta es su historia.

¿Por qué denunció al vocal Ángel Romero?
He presentado varias denuncias ante la OCMA y la Fiscalía Suprema de Control Interno, porque el vocal Ángel Romero intervino en un proceso en el que mi empresa Comercio del Acero fue demandada por el Banco Wiese (ahora Scotiabank). El banco nos reclamaba 700 mil dólares cuando no le debíamos esa cantidad, sino mucho menos.

¿Cuándo ocurrió eso?
En enero de 1996. Ese año nosotros le pedimos un préstamo de 700 mil dólares al Banco Wiese y le entregamos en garantía un inmueble nuestro avaluado en tres millones de dólares. Con ese primer préstamo, compramos harina de pescado y, en febrero, se la entregamos al Wiese para que sirviera de garantía para un segundo préstamo. El banco se quedó con la harina, no nos entregó el préstamo y después de siete meses remató la harina, por la cual obtuvo 417 mil dólares. Pero al mes siguiente, nos inició un proceso judicial sacando en remate nuestro inmueble. Reclamaba el 100% de la deuda, y no descontaba los 417 mil dólares que había obtenido del remate ilegal de la harina de pescado. Entonces dejamos de operar. No olvide que en 1996 el Banco Wiese estaba de alguna manera vinculado a Vladimiro Montesinos, y hacía lo que le daba la gana.

[Un informe de una comisión especial del Congreso --que se formó en el 2001 para investigar los actos de corrupción que se produjeron entre 1990 y el 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos-- concluyó, entre otras cosas, que el Banco Wiese y el Banco República fueron responsables de varias irregularidades, impulsadas por Vladimiro Montesinos y que terminaron perjudicando a una serie de empresas. Entre estas se menciona detalladamente a la empresa de Víctor Huarancca. La investigación de esa comisión fue presidida por el entonces congresista Ernesto Herrera (Perú Posible)].

Pero usted seguramente incum-plió alguna cláusula del préstamo que le hizo el banco.
Nada de eso. Todo fue por pura prepotencia. Tal vez la explicación esté en que, por aquel entonces, yo también tenía en posesión una planta pesquera en Chimbote que el Banco República me la quitó injustamente, y le fue entregada a los hermanos Áybar Cancho, que ahora se sabe estaban vinculados a Montesinos. Yo también denuncié ese atropello, y ahora varios magistrados que tuvieron que ver con ese caso han sido denunciados por soborno por la actual fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, pero esa es otra historia. Creo que hubo un contubernio entre ambas entidades, tal vez digitadas por Montesinos, para perjudicarme. Tal ha sido el atropello que actualmente el juzgado 35 les ha pedido a los entonces funcionarios del Banco Wiese que expliquen por qué me hicieron esto.

¿Y qué hicieron ustedes?
Entre 1999 y el 2002 presentamos una serie de denuncias penales, pero todas se archivaron. En el 2004 denunciamos a los funcionarios del Banco Wiese por rematar la harina que le dimos. El caso está en el Juzgado Penal de Lima 35.

¿Dónde entra el vocal Romero?
En el proceso civil del remate de nuestro inmueble. Allí se cometieron una serie de irregularidades desde 1996. Un juzgado civil opinó a favor del Banco Wiese y nosotros apelamos. Lo curioso es que nuestras apelaciones fueron enviadas a distintas salas. La ley establece que los procesos deben ser conocidos solo por un juzgado, y cuando hay apelaciones deben ser conocidas por una sala específica. En el 2004 (cuando apelamos) nuestro proceso debía ser conocido solamente por la Segunda Sala Civil.

¿Así lo establece la ley?
Sí. Pero, curiosamente, nuestro proceso fue derivado a distintas salas. Una de estas fue la del vocal Ángel Romero, quien presidía la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior. Es en esa sala donde, entre el 2004 y el 2006, yo noto las principales irregularidades.

¿Cuáles?
Romero no solo se abocó a nuestro caso indebidamente, sino que aplicó leyes con retroactividad maligna, que ni siquiera existían en el momento que se inició el proceso; no fundamentó sus resoluciones tal como lo ordena la ley; omitió denunciar una serie de delitos detectados en ese proceso cometidos por el abogado del banco y direccionó el proceso.

¿Qué pruebas tiene?
En setiembre del año pasado, la Cuarta Sala Civil (ya sin Ángel Romero como presidente) le anuló a Romero cinco resoluciones firmadas y emitidas por él (y por los dos vocales que lo acompañaban), que tienen que ver con las faltas que le he mencionado. La sala estableció que Romero no era el llamado para conocer nuestros procesos.

¿Esa misma sala anuló las resoluciones de Romero?
Así es. Romero no era competente para ver nuestros casos. Y él lo sabía. Había violado el principio de prevención que establece que procesos como el nuestro debían ser vistos por una sola sala, es decir, por la segunda y no por la cuarta sala.

¿Los magistrados de la cuarta sala que adoptaron ese cambio eran nuevos?
No. Los dos magistrados eran los mismos, solo que ya no estaba Romero. Ellos son Aguado Sotomayor y Barrera Utano. Probablemente esos magistrados se habían librado de la presión que ejercía Romero cuando presidía la sala. Ellos sabían que estaban en falta legal.

Pero nadie cambia de la noche a la mañana.
Querían curarse en salud porque yo ya había denunciado a Romero y a ellos ante el Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) y la Fiscalía Suprema de Control Interno. Me imagino que lo que querían era borrar sus huellas.

¿Entonces por qué Romero resolvió un caso que no le competía?
Porque él quería favorecer a la entidad que nos quería quitar nuestra propiedad. Es una cosa parecida al caso de los ex empleados del Banco Central de Reserva por el que se ha pedido su destitución. Romero resolvió que a esos ex empleados se les pagara sumas millonarias que no les corresponde. Una vez le pedimos a Romero que sustentara una de sus resoluciones, porque ese es un derecho de cualquier litigante, y lo único que contestó fue: "Yo he resuelto conforme a ley".

¿Qué otra irregularidad cometió Romero?
Como dije, en el 2004 nosotros presentamos una denuncia penal contra el banco. La ley contempla que, cuando existe un proceso penal por los mismos hechos que son juzgados por la vía civil, se debe suspender. En base a eso pedimos la suspensión del juicio, pero ni el juez Roberto Vílchez Dávila ni el vocal Ángel Romero suspendieron el proceso.

¿Y en qué quedó el remate del local de su empresa?
Nos querían echar a la fuerza. El juez Vílchez emitió dos oficios iguales dirigidos a dos juzgados distintos del Callao para que la parte contraria escogiera a su antojo el juzgado que le diera más facilidades para lanzarnos. El más complaciente. Felizmente, nos enteramos de que la propia cuarta sala, ya sin Romero, había anulado varias resoluciones que este había emitido. Y logramos parar el desalojo, hasta ahora.

¿Entonces, el papel de la OCMA ha sido providencial para que el caso no quede impune?
Sí. Fue fundamental. En el 2007, cuando la OCMA, atendiendo un pedido mío, empezó a investigar las resoluciones ilegales que había emitido la sala civil que presidió Ángel Romero, a los vocales no les quedó más que anular sus propias resoluciones. La vocal suprema Elcira Vásquez (jefa de la OCMA) es una mujer intachable. Lo que me llama la atención es que, posteriormente, esta investigación pasó a manos de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura (Odicma), es decir, una instancia inferior dirigida por un vocal superior, el mismo rango que Romero.

¿Y qué sucedió allí?
El caso pasó a manos de la doctora Alicia Gómez, de la Odicma. Pero resulta que en la Odicma, junto con la doctora Gómez, trabajan dos vocales que, al igual que la sala de Ángel Romero, resolvieron casos que no les competían y cuyas resoluciones también tuvieron que ser anuladas. Pero allí no queda la cosa. El juez que vio el caso del desalojo de nuestra empresa también trabaja en la Odicma. ¿Sabe lo que pasó con esa investigación? ¡Se archivó! Y solo se responsabilizó a un simple secretario.

¿Entonces, todo terminó allí?
No. Nosotros hemos apelado.

¿Esto que me ha contado lo sabe la doctora Elcira Vásquez?
Estoy seguro que no. Yo podría poner las manos al fuego por la doctora Vásquez, pero le tengo que decir que ella está rodeada de varias personas que están jugando a favor de la corrupción.

¿También denunció por estos mismos hechos al vocal Romero ante una fiscalía suprema?
Sí. El 28 de mayo del 2007 presenté una denuncia contra Ángel Romero ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo del fiscal supremo Percy Peñaranda. Un mes después, el doctor Peñaranda decidió abrir investigación contra Romero por los delitos de prevaricato, omisión de denuncia y asociación ilícita para delinquir.

¿Y cómo va la investigación?
He ido a averiguar, pero nadie me quiere dar ningún tipo de respuesta. Solo me dicen que el caso está en investigación. Ha pasado exactamente un año, pero hasta ahora no hay ningún pronunciamiento por parte del fiscal Percy Peñaranda. Pero yo estoy vigilante. A mí prácticamente me arruinaron. Pero estoy volviendo a salir a flote. No voy a descansar hasta que no se me haga justicia. Ahora que el Congreso va a investigar el caso de Ángel Romero me gustaría que me citen para contar este y otros hechos de corrupción.