Por Javier Ascue Sarmiento. Enviado especial
La instalación de 12 registros civiles y defensorías comunitarias indígenas en Loreto permitirá a miles de niños y adolescentes contar con sus partidas de nacimiento y lograr seguridad jurídica como peruanos, principalmente en poblados cercanos a la frontera de Colombia, Brasil y Ecuador.
El funcionamiento de estas instituciones se iniciará en julio próximo y estarán a cargo de registradores indígenas capacitados por personal del Reniec con el apoyo de 18 organizaciones indígenas que reúnen entre 40 y 50 comunidades amazónicas cada una.
Los 12 registros civiles y defensorías comunitarias del niño y adolescentes funcionarán en locales que construyen los mismos pobladores de las comunidades de El Remanso y 8 de Diciembre (distrito de Putumayo), Tempestad y Monterrico (distrito de Torres Causana), así como en Santa María del río Curaray y Pucabarranca (distrito del Napo).
Además, en las comunidades de Nueva Valencia y Providencia (distrito de Trompeteros) y en la localidad de Tres Fronteras en el Bajo Amazonas.
Con la clausura del taller de capacitación de los mencionados registradores realizada el jueves pasado en Iquitos, prácticamente se ha puesto en marcha este proyecto organizado por Unicef, INEI y Reniec, con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá.
Guido Cornale, representante de Unicef en el Perú, y Manuel Tristán, especialista en Protección de Derechos de la Niñez de este organismo de las Naciones Unidas, mostraron cuadros críticos sobre la situación de la niñez y resaltaron que en esta región se registra el mayor porcentaje de niños menores de 6 años que no poseen partida de nacimiento.
Informaron que en la frontera con Colombia y Brasil, muchos niños y adolescentes cuentan hasta con dos identidades que les permiten acudir a estos países vecinos en busca de los servicios de salud, educación y hasta alimentación.
Manuel Tristán confirmó que los jóvenes en edad escolar de las comunidades del Putumayo se internan en la selva colombiana para trabajar en el cultivo ilegal de coca que va a dar al narcotráfico.
Otros pobladores jóvenes --subrayaron-- también se incorporan a las guerrillas de las FARC que les ofrecen mejores condiciones de vida y pagos de buenos sueldos.
Ambos funcionarios del organismo internacional lamentaron que hasta la fecha no se hubiesen iniciado las clases en esta parte de la frontera. Señalaron que los profesores no pueden viajar por sus medios debido a las grandes distancias y la dificultad en el transporte. Hicieron un llamado a las autoridades del gobierno regional para atender esta lamentable situación.
Guido Cornale dijo que la instalación y el funcionamiento de los registros y defensorías permitirán que los indocumentados tengan pleno derecho al nombre y apellido legalizados.
Indicó que un niño o una niña sin su nombre adecuadamente registrado es más vulnerable a una situación de exclusión. Dijo que tampoco pueden acceder a los servicios públicos de educación y salud, lo que acentúa la pobreza y el abandono en que se encuentran.