Que la Policía Nacional garantice la seguridad ciudadana ante la rampante delincuencia en Lima es meritorio. Sin embargo, el cumplimiento del deber se desnaturaliza cuando, en algunos casos aislados, predomina el abuso de autoridad.
La precisión es indispensable ante excesos policiales como el reciente caso de cuatro jóvenes sindicados como miembros de una banda (Los malditos de Larcomar) sin mayores pruebas y en medio de un mar de dudas que no justificaban su detención, como lo acreditó la fiscalía.
Lo peor es que, en un acto de inusual celeridad policial, fueron presentados pública e inmediatamente como delincuentes, en un hecho que ha sido interpretado como un escandaloso acto de abuso y discriminación en perjuicio de los jóvenes, a los que se acusó también de portar drogas. El alcalde de Miraflores, Manuel Masías, estuvo presente y una nota de prensa de esa comuna señaló que la detención había sido el resultado de un trabajo conjunto del serenazgo y la PNP para "desarticular una banda de asaltantes".
Estas equivocaciones son inadmisibles en las autoridades policial y municipal y no deben volver a repetirse.
En este caso el comando reaccionó para liberar a los jóvenes y relevar de su cargo al comisario miraflorino. Sin embargo, esta reacción se dio solo después de una fuerte presión de la prensa. El sector Interior y el comando policial deben esclarecer las denuncias, porque así lo exige el orden constitucional y en beneficio de la propia imagen de la institución policial.