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Hay más de 10 mil procesos abiertos por delitos contra el Estado

Por Ítalo Sifuentes Alemán

El último reporte de delitos contra la administración pública de las procuradurías descentralizadas anticorrupción arroja una cifra alarmante: 16.593 personas que prestaron o prestan servicios como funcionarios de diversas entidades del Estado son procesadas en los juzgados y tribunales de las 30 jurisdicciones judiciales del país.

El reporte, que corresponde al mes de mayo, señala que los ex servidores estatales y actuales funcionarios están siendo enjuiciados a través de 10.331 procesos por delitos como peculado, corrupción de funcionarios, concusión, abuso de autoridad, contra la fe pública, usurpación de autoridad, títulos y honores, violencia y resistencia a la autoridad.

También pone en evidencia que desde el 2002 la mayoría de ex funcionarios y funcionarios acusados de estos delitos por las 30 procuradurías descentralizadas anticorrupción --que defienden los intereses del Estado ante igual número de distritos judiciales del país-- trabajó o trabaja en distintas entidades públicas situadas, en este orden, en Lima, Cusco, Junín, Puno e Ica.

En Lima los acusados de corrupción suman 2.597 (pasan de 3 mil si sumamos los del cono norte), en Cusco 1.317, en Junín 1.300, en Puno 1.060 y en Ica 931, lo que significa que más de la tercera parte de los casos de corrupción se da en la capital y en el centro-sur del país.

Los entes públicos perjudicados son los distintos ministerios, gobiernos regionales y locales, organismos públicos descentralizados y demás instituciones adscritas a algún sector o administrativamente autónomas.

Para el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, esta estadística pone en alerta a su sector, el mismo que --dijo-- reforzará los talleres de capacitación a los procuradores, de modo que el Estado no pierda los juicios en los que están involucradas estas personas.

Reyna señaló también que el subsistema anticorrupción descentralizado que tiene el Ejecutivo es único en Sudamérica y permite conocer los índices de corrupción en la administración pública por departamentos. En otras palabras, el país cuenta con una radiografía de la corrupción estatal.

¿Qué se puede hacer con esta información? El responsable del plan de lucha contra la corrupción de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), Franz Chevarría, indicó que su organismo implementará primordialmente en Lima, donde ocurre el mayor número de casos de corrupción, y luego en los departamentos identificados con el mayor número de procesados, una estrategia para revertir esta grave situación.

"Está bien que se penalice a quienes defraudan al Estado, pero también se debe fomentar la cultura de la ética pública. La impunidad alienta a creer a otras personas que pueden delinquir sin penalidad. Se debe dilucidar judicialmente y con la mayor celeridad quiénes son los responsables de corromper el Estado", acotó.

Desde sumas nimias a grandes montos
¿Qué tipos de casos ven las procuradurías descentralizadas anticorrupción? Todos los delitos que tienen relación con atentar contra el manejo honesto de la administración pública. En ello están incluidos los grandes y pequeños casos, es decir, tanto los que involucran montos millonarios como los que incumben a sumas minúsculas, pero que al final dejan un forado en los recursos del Estado.

Para muestra un botón. En el Distrito Judicial del Cono Norte de Lima, la procuraduría de esa jurisdicción, a cargo de Osvaldo Arroyo Novoa, impulsa 230 casos que implican a 458 funcionarios y ex funcionarios de los tres últimos períodos gubernamentales. Esto incluye a los gobiernos locales y regionales.

"Tenemos casos de funcionarios del penal de Piedras Gordas, de policías, de funcionarios de las municipalidades de Independencia, Comas y San Martín de Porres, por citar algunos ejemplos", refirió Arroyo.

Dicho procurador señaló que es imperativo que los defensores del Estado sean implacables tanto con los funcionarios que roban a través de licitaciones o compras como con aquellos que venden la cola para obtener algún permiso o tipo de licencia.

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Procuradurías ad hoc tienen 500 casos
Los casos que involucran a estas más de 16 mil personas --y que son los expedientes que impulsan las procuradurías descentralizadas-- son distintos de los 500 casos que, en promedio, llevan las procuradurías ad hoc que dirigen Carlos Briceño y Gino Ríos, quienes defienden los intereses del Estado en los actos de corrupción de los regímenes de Fujimori, Toledo y el presente gobierno.

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Conozca a parte de los procesados en: hojas.minjus.gob.pe/CDJE/pag_procuraduriaRegistro.jsp