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Otra vez somos el segundo productor de coca ilegal

Por Rubén Vargas Céspedes. Abogado

Como todos los años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) acaba de publicar su informe anual sobre el monitoreo de los cultivos de coca correspondiente al 2007.

El organismo internacional registró un crecimiento del 27% de la coca en Colombia, el 5% en Bolivia y el 4,5% en el Perú. Aún cuando somos el país donde menos creció el cultivo ilegal, sin embargo, seguimos en el segundo lugar como productor de cocaína a en el ámbito mundial, con una producción potencial de 290 toneladas métricas anuales.

El informe reporta algunos aspectos que deben preocuparnos mucho. Los territorios de expansión de la coca están ubicados en zonas de frontera con Colombia (Putumayo) y Brasil (Caballococha). Esperemos que a nadie se le ocurra decir que estos cultivos son parte de nuestra tradición milenaria, porque el cien por ciento de ellos termina en los laboratorios de cocaína controlados por el grupo terrorista colombiano (FARC). Esto es una realidad cada vez más notoria, aún cuando haya ministros que pretendan minimizar y hasta ocultar el problema.

El Gobierno debería poner entre sus prioridades más inmediatas la erradicación total de estos cultivos, porque se convierten en una amenaza directa a nuestra soberanía y, además, porque en la práctica se están convirtiendo en las cabeceras de playa para el ingreso impune del mencionado grupo terrorista y para el retorno de las mafias colombianas.

El otro aspecto por tomar en cuenta es que los cultivos ilegales también están amenazando las áreas naturales protegidas. Este sería el caso de la coca de San Gabán (Puno), donde el 90% de los cultivos se encuentran en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja-Sonene. Obviamente esta coca es doblemente ilegal: no está registrada en los padrones de Enaco y es cultivada en una zona prohibida para cualquier tipo de producción agrícola.

Es oportuno recordar que San Gabán es una de las nuevas bases cocaleras controladas por una conocida parlamentaria andina, a ella le debemos el crecimiento de los nuevos cultivos ilegales señalados en el último informe de Onudd. Inrena y el nuevo Ministerio del Ambiente tienen aquí una tarea urgente que atender.

La lucha contra los cultivos ilegales y las drogas tiene que ser permanente, diaria. Si nos quedamos en el cálculo político o en el mito de la "convulsión social", como está ocurriendo con el Monzón al negociarse con los cocaleros la instalación de las bases antidrogas, tal vez el próximo año lamentemos un crecimiento mayor de los cultivos ilegales, como ha ocurrido en Colombia.