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Condenan directiva de Unión Europea contra inmigrantes

CARACAS / WASHINGTON [EL COMERCIO / AGENCIAS]. La directiva del retorno que fue aprobada el miércoles en el Parlamento Europeo (PE), y que forzará el regreso de unos ocho millones de inmigrantes a sus países de origen, siguió ayer cosechando contundentes muestras de rechazo entre autoridades y organismos de la región.

Una de las reacciones más altisonantes contra la normativa, que debe entrar en vigencia en el 2010, fue la del presidente venezolano, Hugo Chávez. "Al menos nuestro petróleo no debe llegar a los países europeos" que apliquen esta directiva, aseguró Chávez en una rueda de prensa, a la que también asistió el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo. El gobernante venezolano exhortó a los otros países de América Latina, independientemente de su orientación política, a rechazar enérgicamente la medida y tomar acciones.

A su vez, Lugo comentó que estaba de acuerdo con el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien propuso el miércoles crear en América Latina un frente que se oponga a la ley de expulsión de ilegales de la Unión Europea (UE).

La reacción de la OEA tampoco se hizo esperar. Su secretario general, José Miguel Insulza, rechazó las medidas aprobadas por el PE que criminalizan la inmigración y que afectarían a millones de latinoamericanos indocumentados.

Bajo la nueva ley, los inmigrantes ilegales podrán ser detenidos hasta 18 meses y enfrentarían una prohibición de reingreso a la UE de hasta 5 años. Además, la resolución autoriza la repatriación de menores e incluso su envío a países distintos de los de origen.

En un comunicado, Insulza consideró una "paradoja" que los países de la UE negociaran acuerdos comerciales y hablaran de alianzas estratégicas cuando adoptaban "medidas como la internación prolongada, que tratan como delincuentes a los inmigrantes ilegales, sin siquiera discutir ni negociar el tema con los gobiernos latinoamericanos". Agregó que el flujo migratorio hacia los países ricos seguiría mientras los latinoamericanos no encuentren trabajo en sus países, y dijo que el movimiento de personas era una de las consecuencias de la globalización.

Por la noche, el presidente peruano Alan García anunció que pedirá a Insulza una reunión de los jefes de Estado de la OEA para pronunciarse sobre la directiva de la UE. "Esto es absolutamente injusto y poco cristiano", dijo el jefe de Estado. "Haremos llegar nuestra extrañeza", puntualizó.

RECLAMO DE ALTURA
El presidente boliviano, Evo Morales, pidió a su vez a los países europeos abandonar lo que calificó como una actitud racista. "No sean racistas. Con esta decisión los europeos están cometiendo una terrible agresión contra la humanidad, que no se va a quedar así", dijo. Morales también anunció una campaña internacional para intentar revertir la ley, y planteó una alianza entre África y Latinoamérica para que Europa revise una política que atenta contra la vida.

Por su parte, la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM) rechazó la dura ley contra los inmigrantes indocumentados por considerarla violatoria de los derechos humanos, ya que convierte al inmigrante en un delincuente.

El organismo del Mercosur agregó que el Viejo Continente "debería tener memoria de épocas pasadas, cuando millones de europeos llegaron a nuestras tierras víctimas del hambre y la guerra y se los integró sin diferencia alguna".

La directiva también causó malestar entre los países centroamericanos, especialmente en Honduras, El Salvador y Guatemala, cuyas autoridades se aunaron a las reacciones en contra.

España aclara su postura frente a ley
MADRID [DPA]. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió la polémica directiva del retorno, pero afirmó que la repatriación de extranjeros sin papeles no dependerá de las leyes sino de la cooperación de los países de origen.

"Curiosamente, y a pesar de lo que parece, (la directiva) pone límites a las cosas que hacían algunos países en materia de retorno", hizo notar Rodríguez Zapatero.

Al referirse al tiempo de detención de los ilegales comentó: "Es una fecha límite. No es un tiempo que obligue, sino que limita". Asimismo, recordó que en España el tiempo máximo es de 40 días, aunque el Gobierno pretende ampliarlo a "solo 60" días.