Represalias

Por Fernando Rospigliosi. Ex ministro del Interior

Las tendencias autoritarias del Gobierno se acentúan en proporción directa a sus fracasos políticos. La economía, en manos de técnicos independientes y liberales como Luis Carranza, en el Ministerio de Economía, o Julio Velarde, en el Banco Central de Reserva, marcha muy bien. La política, en manos de trajinados militantes apristas, camina muy mal.

El descalabro del Gobierno en Moquegua es un ejemplo de ello. Un monumento a la imprevisión y la improvisación, que ha producido daños enormes al país y no solo a las regiones involucradas. Porque el mal ejemplo se va a extender a otros lugares, alimentando a corrientes políticas interesadas en provocar desórdenes y exacerbar el descontento de sectores de la población.

El Gobierno, en lugar de evaluar con objetividad --y una dosis de humildad-- sus errores y corregirlos, recurre hasta ahora a dos expedientes. Uno, echarle la culpa de sus yerros a otros (en el colmo del absurdo dicen, por ejemplo, que el gobierno anterior es responsable del problema de Moquegua). Dos, tratar de silenciar a los críticos que señalan sus desatinos.

En este último punto hay que reconocer que han avanzado considerablemente. Usando recursos tortuosos, han logrado silenciar o adormecer a parte de sus adversarios.

Uno de sus instrumentos es la utilización del Congreso para acusar arteramente a sus críticos y someterlos al tormento de un proceso judicial.

Es lo que me acaba de suceder. El lunes 16, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó sorpresivamente una absurda denuncia presentada por el ministro fujimorista, ex congresista toledista y empresario textil ampliamente conocido en el mundo de los negocios Jorge Mufarech.

En síntesis, Mufarech me acusa de haber favorecido indebidamente a Pro Ética, institución con la que firmé dos convenios a principios del 2002 cuando era ministro del Interior. Pro Ética es la filial nacional de la prestigiosa Transparencia Internacional y estaba presidida en ese entonces por el ex procurador anticorrupción José Ugaz, otro de los blancos favoritos de Mufarech.

El asunto es que como consecuencia de esos convenios, ni Ugaz ni Pro Ética recibieron un centavo del Ministerio del Interior ni del Estado. No hay materia alguna para la acusación.

A pesar de eso, Mufarech, usando sus influencias, ha removido una y otra vez la denuncia en el Congreso, que es a su vez una venganza contra mí. En efecto, su denuncia se produjo después de que yo revelara que él había usado indebidamente su cargo de congresista para cuestionar la licitación de uniformes policiales, realizada por Gino Costa, cuando Mufarech había tenido interés directo en vender sus telas a la policía, sin éxito.

A tal punto carece de fundamento la denuncia de Mufarech, que el congresista aprista José Vargas, ponente del tema en la subcomisión del Congreso, consideró que no debería aceptarse. Sin embargo, sorpresivamente el lunes pasado, la subcomisión la aprobó a instancias del congresista aprista Aurelio Pastor y con votos del fujimorismo y del humalismo.

Sin duda, no es coincidencia que esto se haya producido al día siguiente de que publiqué en mi columna dominical de "Perú.21" un artículo, "Abusos y errores", en el que critico al ministro del Interior --que a la vez es congresista y dirigente aprista-- por el raudal de desaciertos del que es responsable en los asuntos de seguridad ciudadana.

El comportamiento en la subcomisión de la defensora del corrupto gobierno de Fujimori y Montesinos no es sorpresa. También hay que recordar que los seguidores de Ollanta Humala no me aprecian. El 25 de marzo la bancada humalista emitió un insólito comunicado en el que rechazan las opiniones que yo había emitido en un artículo.

Los humalistas dicen que en ese artículo yo critico "la falta de previsión mostrada por el Gobierno en su conjunto y, sobre todo, por el Ministerio del Interior frente a la ola de protestas que sacuden el país". Pero lo que les duele es que yo afirme que Hugo Chávez apoya los disturbios usando como instrumento a Humala y sus congresistas.

Es comprensible que apristas, fujimoristas y humalistas discrepen de mis opiniones. Pero es inaceptable que utilicen su poder en el Congreso para tratar de amedrentarme y silenciarme con acusaciones absurdas y prevenir a otros de lo que les ocurriría si hacen algo similar.