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¿CAN o no CAN?

Por Farid Kahhat. Analista internacional y catedrático de la PUCP

Cuando el Gobierno de Venezuela decidió abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alegó como razón para hacerlo que los tratados de libre comercio (TLC) suscritos por los gobiernos de Colombia y el Perú con Estados Unidos vulneraban la normativa andina sobre propiedad intelectual. En ese entonces ambos gobiernos negaron que tal alegato fuera cierto. Como se sabe, desde entonces ambos países tuvieron suertes disímiles: mientras el Congreso de Estados Unidos ratificó con una clara mayoría el TLC con el Perú, el proyecto de TLC con Colombia se encuentra en un estado de animación suspendida.

Presuroso por capitalizar su suerte, el Gobierno Peruano se dedicó con esmero al proceso de implementar el TLC. En ese proceso admitió que, después de todo, el tratado con Estados Unidos sí contradecía la normativa andina en materia de propiedad intelectual (contenida en la denominada Decisión 486), y esperaba que los demás gobiernos integrantes de la Comunidad Andina tuvieran a bien eximirle de cumplir con ella (o, en lenguaje comunitario, le concedieran una "excepción"). Pero esa decisión requería del voto unánime de esos gobiernos, cosa que no ocurrió por la oposición de Bolivia.

Puestos en la encrucijada, hubo quienes desde el Gobierno Peruano prefirieron abandonar los buenos modales y exhibir el presunto as que este guardaría bajo la manga: si Bolivia no reconsideraba su posición el Perú patearía el tablero, abandonando la CAN (cosa que no pocos aliados del presidente Alan García querrían hacer de cualquier manera). Pero entonces, intuyendo que se trataba de un 'bluff', el presidente Evo Morales exigió una negociación directa con el presidente García para abordar, entre otros, el tema en cuestión. Y, para consternación de quienes exigían una respuesta enérgica ante la postura boliviana, el presidente García aceptó.

E hizo bien. Porque los costos de un eventual retiro del Perú serían mayores de lo que se suele suponer. De un lado, si bien las empresas peruanas mantendrían por cinco años más un acceso privilegiado a los mercados de la CAN, durante ese período el Gobierno Peruano tendría que negociar acuerdos bilaterales para preservar a futuro esas condiciones de acceso. Ese no sería un problema en lo que respecta a Colombia, pero sí en lo que respecta a Ecuador y (en particular) Bolivia, dada la renuencia de sus gobiernos a suscribir acuerdos de liberalización comercial.

Podría argumentarse que el TLC con Estados Unidos y un eventual acuerdo de asociación con la Unión Europea (que incluiría un TLC) compensarían con creces el costo de retirarse de la CAN. Pero hay dos problemas con ese argumento. El primero es que no hay razón para pensar que se trate de un costo necesario, no solo por que aún no se agotan las instancias de negociación política, sino además por que el Gobierno Peruano podría ofrecer al de Bolivia un quid pro quo. Por ejemplo, según parece, las disposiciones sobre inversión extranjera contenidas en lo que sería la nueva Constitución boliviana también entran en conflicto con la normativa andina, por lo que el Gobierno de ese país podría ser el próximo en solicitar una "excepción" a las normas comunitarias (excepciones que, por su profusión, antes que confirmar la regla, están a punto de reemplazarla).

En segundo lugar, si bien el retiro de la CAN podría facilitar la implementación del TLC con Estados Unidos, postergaría por tiempo indefinido cualquier posibilidad de negociación con la Unión Europea (UE). La razón es simple: el Consejo de la UE otorgó a la Comisión Europea un mandato para negociar con la CAN, no con el Gobierno Peruano. Para hacer esto último, se necesitaría de un nuevo mandato del consejo. Mandato cuya aprobación, de producirse, podría tomar varios años.

Por ejemplo, el Gobierno Peruano solicitó al Consejo de la UE en el 2004 la inclusión del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en su lista de organizaciones terroristas. Cuatro años después, no hay indicios de que el consejo haya siquiera contemplado esa solicitud y, ciertamente, no ha emitido decisión alguna.

Está por último el costo que un eventual curso de colisión podría tener sobre las relaciones entre Bolivia y el Perú. De un lado, recordemos el cortejo que el Gobierno de Chile despliega alrededor de su par boliviano en torno al tema de la mediterraneidad, con la intención de convertirlo en una carta más dentro de la baraja de opciones, a las que apelaría para dirimir en su favor en el diferendo marítimo que sostiene con el Perú.

De otro lado, según la BBC, la cancillería argentina comisionó un estudio sobre las posibles repercusiones que tendría una escalada en los conflictos que hoy surcan Bolivia. El estudio concluye que entre 600.000 y un millón de bolivianos podrían llegar a Argentina en condición de refugiados, y que su atención supondría para el Gobierno Argentino un gasto anual de entre 438 millones y 730 millones de dólares. Aunque el escenario descrito parezca improbable, no deja de ser desconcertante que algunos funcionarios peruanos se comporten como si los problemas de Bolivia tuviesen lugar en un continente ignoto y lejano, sin consecuencias posibles para nuestro país.