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La UE responde ante reacciones negativas a la directiva del retorno

Por Erik Struyf Palacios. Corresponsal

BRUSELAS. La amenaza del presidente venezolano, Hugo Chávez, de suspender las exportaciones de petróleo a los países europeos que apliquen la directiva del retorno, aprobada el miércoles último por el Parlamento Europeo, fue recibida con sorpresa y considerada desproporcionada en la cumbre de la Unión Europea que terminó ayer en Bruselas.

El primero en pronunciarse ante las declaraciones del presidente venezolano fue el alto representante para la Política Exterior, el español Javier Solana: "Respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero considero esta reacción totalmente desproporcionada", sostuvo.

El presidente de turno del Consejo Europeo, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, atribuyó a un posible desconocimiento de la normativa europea sobre inmigrantes irregulares las reacciones contrarias surgidas en Latinoamérica y África.

Las reacciones "quizás fueron exageradas, quizás vienen de alguien que no entiende lo suficientemente bien lo que significa el texto", afirmó Jansa en la conferencia de prensa final de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la UE. A su entender, la nueva legislación es un paso adelante en la solución de la cuestión migratoria y no hay nada en esa normativa "que no esté en línea con los estándares europeos, que son bastante altos".

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, prometió que su gobierno desplegará una ofensiva informativa para remediar los malentendidos. En concreto, anunció que las autoridades españolas explicarán al presidente Hugo Chávez los verdaderos alcances y significado del texto.

La directiva del retorno establece como norma válida en el conjunto de la UE la detención de los indocumentados por simple orden administrativa por períodos que pueden variar entre 6 y 18 meses (según el grado de cooperación del individuo o el país de origen) mientras se tramita su expulsión. El texto permite la repatriación de menores no acompañados y establece la prohibición de retornar a suelo europeo para los expulsados durante al menos cinco años.

LLUVIA DE CRÍTICAS
El proyecto legislativo fue duramente criticado en primera instancia por las organizaciones de derechos humanos, los partidos europeos de izquierda y el Vaticano. A partir del miércoles, cuando se confirmó su adopción, ha desatado una ola de condenas de parte de la mayoría de gobernantes y cancilleres de América Latina y de varios líderes africanos.

La reacción más dura provino del presidente venezolano, Hugo Chávez, quien además de amenazar con cerrar el caño del petróleo a la Unión Europea anunció que su gobierno revisará las inversiones en Venezuela de los países que apliquen la directiva. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, el mandatario venezolano calificó de indignante la medida, a la que llamó "directiva del bochorno".

El presidente peruano, Alan García, por su parte, ha anunciado que solicitará una reunión extraordinaria de la OEA para abordar la directiva europea.

Le dan más tiempo a Irlanda
Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la UE finalizaron la cumbre sin ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar el resultado negativo del referéndum irlandés convocado para ratificar el Tratado de Lisboa.

A falta de ideas y consensos decidieron conceder un plazo de tres meses a Irlanda para que presente propuestas que permitan resolver la actual situación de bloqueo. Mientras tanto, los procesos de ratificación parlamentaria pendientes en 7 de los 27 países seguirán adelante.

El Tratado de Lisboa es un texto reformador que busca adaptar el funcionamiento de la UE a los desafíos globales actuales (calentamiento del planeta, inmigración, escasez energética, defensa). Para ello, entre otros, crea la función de presidente de la UE, refuerza el rol del alto representante para la política exterior y extiende el sistema de decisión por mayoría a una serie de materias en donde hoy debe existir unanimidad entre los estados miembros.

Para que el tratado entre en vigor se requiere del visto bueno de los 27 países del bloque.

MÁS DATOS
1. Los 27 países acordaron crear un sistema de registro de entrada y salida de inmigrantes antes de enero del 2010.

2. Para combatir la inmigración ilegal, se acelerará la creación de normas comunes para los permisos de entrada y estancia de trabajadores altamente calificados.

3. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, propuso el fin de las regularizaciones masivas, una política común de asilo y el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional.