Enviar

Déjenlos entrar

Por Fritz Du Bois

Recientemente, una comisión de notables convocados por Naciones Unidas y liderados por Hernando de Soto detalló que cuatro mil millones de personas en el planeta están excluidas del beneficio de la ley. Esa comisión ha recomendado adoptar una serie de medidas para fortalecer los cuatro pilares de la formalización que son el derecho a la justicia y a la propiedad, así como los derechos laborales y empresariales.

En el caso del Perú, con una informalidad equivalente al 62% del PBI --la quinta más alta del mundo--, la situación es aún más dramática y el adoptar políticas que propicien la formalización debería de ser una prioridad nacional. Lamentablemente la realidad es exactamente lo contrario con los gobiernos locales y regionales, como con el Ejecutivo y el Congreso, todos aparentemente unidos en una campaña por aumentar trabas y sobrecostos en la economía, forzando al emprendedor a irse del sistema para poder sobrevivir en lugar de facilitarle el ingreso a la normalidad, a la legalidad, al beneficio que debería representar la formalidad.

Por ello, es fundamental que el Gobierno promulgue en los próximos seis días que le restan de facultades delegadas la adecuación de la ley de micro y pequeña empresa (mypes). El 95% de las mypes es informal y por lo tanto sus empresarios trabajan en la ilegalidad y sus trabajadores no tienen ningún beneficio laboral. Uno asumiría que en esas condiciones, en que todo apunta a ganador con la formalización --el fisco recaudará del actual evasor, el trabajador tendrá beneficios cuando hoy solo tiene precariedad, el pequeño empresario tendrá acceso al crédito normal cuando hoy solo tiene al usurero informal, la base tributaria aumentará, etc.--, sería muy fácil ponerse de acuerdo dentro del Gobierno ya que no hay ningún perdedor real.

Sin embargo, el problema es que sí los hay y ellos son los dirigentes sindicales que en el momento que florezcan cientos de miles de nuevas empresas formales, la mayoría de ellas muy pequeñas para que sea atractivo o necesario tener sindicatos, perderán el nivel de influencia que tienen con los políticos, que dicho sea de paso es injustificada y desproporcionada desde todo punto de vista, considerando que sus afiliados no llegan ni siquiera al 1% de la población en edad laboral. Pero, pese a esa mínima representatividad, tienen aterrados a muchos en el Gabinete y es muy probable que sean algunos dirigentes sindicales los que estén detrás de la fe de ratas, perdón quise decir de erratas, que de un solo plumazo borra 30 años a la posibilidad de otorgar futuras concesiones portuarias.

Si bien aún tenemos la esperanza que este gobierno se convierta en el primero en décadas en intentar seriamente revertir la informalidad laboral con legislación realista y moderna para las mypes, la verdad es que lo ocurrido esta semana con Moquegua y con la ley de puertos nos hace temer que consideraciones de corto plazo y el temor a los sindicatos terminen primando en la decisión gubernamental. Con ello, el Quijote García, que hasta hace poco decía que iba por buen rumbo porque los canes ladraban, terminará finalmente derrotado por los perros del hortelano Negreiros. De esa manera habrá desperdiciado la gran oportunidad de convertirse en el abolicionista de la esclavitud del siglo XXI. Peor aún, ante la falta de voluntad reformista, que es cada vez más evidente en su mandato, arriesga terminar en el anonimato del pie de página de la Historia.