¿Aprenderá el Estado a invertir?

Por Daniel Córdova. Decano de Economíade la UPC

En contextos como el actual, en el que gracias al dinamismo del sector privado la economía peruana crece a tasas asiáticas y los distintos niveles de gobierno --central, regionales y municipales-- disponen de más recursos que nunca, es inaceptable que el ritmo de inversión en infraestructura ande tan lento. Crisis como el reciente 'moqueguazo' son en buena parte un reflejo del entrampamiento en el que nos encontramos y de la incapacidad de los poderes públicos para salir del laberinto que impide la aceleración de dicha inversión.

Como se sabe, la agencia de promoción de inversión del Estado es Pro Inversión, entidad que se creó a partir de la antigua Comisión para la Promoción de la Inversión (Copri), una vez culminado el exitoso proceso de privatización de las empresas estatales en los años 90.

Visto desde afuera, este organismo, cuyo directorio está compuesto por un conjunto de ministros, es señalado con el dedo por tirios y troyanos como el responsable de la lentitud de procesos de concesión tan importantes, como el de las carreteras, los puertos y el tren eléctrico. Un análisis más detallado, sin embargo, nos pone frente a la realidad de un Pro Inversión que poco puede hacer sin toparse con trabas y vetos que esperemos se reviertan a partir de la implementación del paquete de medidas "para eliminar el síndrome del perro del hortelano" ("Semana Económica", 23/6/08).

Hubo quienes semanas atrás propusieron la desaparición de facto de Pro Inversión y el regreso a los comités especiales (las Cepri) caso por caso, para darle más dinámica a los procesos. La realidad es que la legislación actual exigiría que quienes compongan esos comités, a la imagen de los renunciantes directores de Forsur, se conviertan en funcionarios públicos y se enfrenten a una contingencia de juicios futuros así hagan su trabajo de manera impecable (cosa que se ha convertido en norma más que en excepción en esta nuestra democracia).

Adicionalmente, la norma de austeridad impuesta por este gobierno impide hasta hoy la contratación de personal de primer nivel: el sector privado ofrece mejores sueldos a profesionales que, de trabajar en el Estado, deben lidiar con contraloría o el Congreso, entidades que muchas veces investigan y acusan anteponiendo la política al sentido económico.

Para las inversiones susceptibles de captar capitales privados sin coinversión del Estado, lo que se requiere en Pro Inversión son equipos profesionales que hablen de tú a tú con la banca de inversión y con grandes empresas nacionales y extranjeras. Profesionales que tengan los incentivos adecuados para generar proyectos y proponer estructuras de financiamiento imaginativas. Esto solo es posible si se logra que la nueva Ley de Servicio Civil incorpore incentivos privados para estos funcionarios, incluyendo bonos de productividad y mecanismos de blindaje legal como las pólizas de seguro para directores y gerentes de las que se dispone en el sector privado.

En los casos de la inversión en la que se requiere cofinanciamiento público-privado, en meses recientes se han escuchado demasiadas quejas contra el Ministerio de Economía, que estaría usando mal su poder demorando demasiado la luz verde a algunos proyectos a todas luces viables. Esperemos que la descentralización del SNIP funcione de verdad y que los funcionarios de regiones y municipios puedan capacitarse y asesorarse para ejecutar con celeridad y eficiencia los presupuestos provenientes del canon. Pareciera que se ha considerado que una buena gestión económica es la política del no a priori, demorándose en decir no, además. A este ritmo, quien va a decir no cada vez con más fuerza es la población que se siente excluida de la bonanza económica y está comprobando que puede obtener dádivas bloqueando carreteras y secuestrando autoridades policiales.

Es evidente que la problemática social, sobre todo en el sur, no tiene como único remedio la obra pública. Existen sin duda carencias en el trabajo político y en el de inteligencia para hacer respetar el Estado de derecho. Pero hay quienes consideran al interior mismo del Gobierno que logros innegables como el crecimiento y el grado de inversión podrían estar resultando en conformismo y hasta en cierta soberbia. Ojalá el paquete de medidas que resultaron de la delegación de facultades a fin de implementar el TLC marquen el inicio de un proceso de reformas irreversibles, que aceleren el proceso de inversión en infraestructura.