Decreto del Ejecutivo hace viable formalización laboral en mypes

Por Nelly Luna Amancio

El papel aguanta todo. En política se suele decir que ciertas leyes convergen más con el entusiasmo que con la realidad. Así, como si se tratara de una de las máximas en materia laboral, hasta ayer la legislación exigía a las micro y pequeñas empresas (mypes) lo mismo que a las medianas y grandes. A todas se les imponían la misma carga tributaria, los mismos trámites y el cumplimiento de similares beneficios laborales para sus trabajadores, aun cuando muchas veces estos beneficios ni siquiera alcanzaban a los mismos conductores de la empresa.

¿Con estas reglas de juego cómo una empresa de 10 trabajadores y un ingreso promedio mensual de cinco mil soles podía pagar el seguro de salud, la pensión de jubilación y la compensación por tiempo de servicios de sus empleados? Fue precisamente este divorcio entre deseo y realidad lo que generó ese más del 80% de informalidad en las mypes.

Ayer, mientras se promulgaba la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (D.L. 1086), el ministro de Trabajo, Mario Pasco, explicó cómo el cumplimiento de cada una de estas exigencias suponía un costo excesivo que las mypes no podían asumir. En ese sentido, la nueva ley plantea reglas más acordes con la capacidad económica de estas empresas: reducción del impuesto a la renta en 40%, subsidios hasta en 50% para el pago de seguro de salud, un aporte voluntario del empleado para su pensión social con una contraparte del Estado y 15 días de vacaciones.

"Es mejor tener 50% de algo que 100% de nada", dijo Mario Pasco, luego de explicar que el objetivo es que "las pequeñas empresas deben articularse para convertirse en proveedoras de las medianas empresas". Con la norma también se busca prolongar la vida de ese 80% de microempresas que cierran antes de cumplir los dos años.

El presidente Alan García precisó que cuatro millones de trabajadores se beneficiarían aproximadamente con esta ley. Sin embargo, el ex ministro de trabajo Fernando Villarán sostuvo que serían en realidad unos nueve millones si se tienen en cuenta las mypes de la sierra y la selva. El especialista resaltó, además, la importancia de esta norma, pues considera "que es parte del proceso de formalización laboral". Según el INEI, las empresas que tienen entre uno y cinco trabajadores emplean al 81% de pobres extremos.

Esta ley, promulgada como parte de la delegación de facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, señala que son microempresas aquellas que cuentan con no más de 10 trabajadores y ventas anuales por debajo de los 525 mil soles (150 UIT). Asimismo, son pequeñas empresas las que tienen hasta 100 trabajadores y ventas por debajo de los 5 millones 900 mil soles (1.700 UIT).

DECRETOS Y REFORMA
Durante estos seis meses, el Ejecutivo ha emitido otros 91 decretos legislativos que buscan mejorar la legislación como parte del TLC, así como las condiciones para la exportación y los derechos de competencia. En el plano laboral --según el abogado laboralista Jorge Toyama-- solo faltan dos reformas en el tema de sindicalización y huelga, pues están respaldadas por la Organización Internacional del Trabajo.

Han sido importantes también los decretos que modernizan el Estado. La economista Pierina Pollarolo, quien participó en el grupo de trabajo que elaboró los decretos sobre el servicio civil, reconoce que la creación de una entidad rectora del sistema de recursos humanos para el Estado es una de las reformas más importantes, pues garantizará la formación de un cuerpo de gerentes públicos profesionales para asignarlos a los gobiernos regionales o sectores que lo soliciten.

"Todos quieren un servicio civil autónomo, no político; pero para reformar el sistema actual se requiere de consensos y recursos", asegura. Con la formación de este cuerpo de profesionales se aprovecharían mejor los recursos provenientes del canon. No obstante, la especialista sostiene que sigue pendiente el régimen de carrera pública en el futuro, así como el ordenamiento de las remuneraciones.

Otro avance importante en este largo camino de reformas ha sido también la creación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplán).

Los especialistas entrevistados reconocieron la importancia de estas normas, sin embargo puntualizaron en la necesidad de fortalecer otras. El economista Carlos Aramburú ahondó en la necesidad de contar con un plan nacional de desarrollo rural. "Hay una serie de programas, como Pronamachcs y Sierra Exportadora, pero no hay una estrategia nacional", dijo.

Esta ola de decretos también recibió observaciones. Para Jorge Toyama la interpretación que hizo el Ejecutivo de la delegación de facultades es bastante flexible. "Bajo el criterio del TLC se ha dado una serie de normas laborales que difícilmente guardan relación con este tratado. Una muestra es el decreto que corrige la ley de tercerización. El Congreso da una ley, el presidente la promulga íntegramente, pero a los dos días él mismo le hace correcciones a través de un decreto", dijo. Una muestra de esta flexibilidad se publicó ayer: un decreto que aprueba el otorgamiento de becas para estudiantes de escasos recursos.

Reforma ambiental está pendiente
Entre los decretos legislativos que se publicaron en estos meses destacan los vinculados a regulación del tema ambiental. Sin embargo, lejos de fortalecer las funciones del Ministerio del Ambiente (Minam) han ido restándole competencias.

Por decreto el manejo del recurso hídrico no es competencia del Minam, tampoco la aprobación de los estudios de impacto ambiental, ni la fiscalización del recurso forestal. "Pese a contar con un ministerio, la mayor parte de las funciones ambientales siguen siendo responsabilidad de los sectores del gobierno nacional. La reforma necesaria para reducir los costos de la degradación ambiental está pendiente", dice Mariano Castro, ex directivo del Conam.

De otro lado, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Manuel Pulgar-Vidal, advirtió que entre los decretos publicados ayer se permite la concesión de bosques por iniciativa privada hasta por 40 años. "Varios de estos decretos son importantes, pero los que provienen del sector Agricultura son una sacada de vuelta a proyectos que en el Congreso encontraban resistencia, tanto en el tema forestal como con el de biotecnología", dijo, en referencia a las normas que permiten ahora la propiedad privada en zonas de la selva.