Las críticas que lanzó esta semana el jefe del Estado, Alan García, a los presidentes de los gobiernos regionales, y en concreto al de la región Puno, Hernán Fuentes, han dado lugar a un intenso y hasta rudo debate sobre carencias, personalismos e ineficiencias gubernamentales.
A renglón seguido, el primer mandatario ha saludado la gestión de Federico Salas, de la región Huancavelica, y ha aclarado que no se podía generalizar, pues hay regiones que trabajan bien y otras no tanto. Sin embargo, ya varios jefes regionales le han salido al paso y han culpado al Gobierno Central de muchos de sus problemas.
Dejando de lado cualquier intencionalidad politiquera de atacar o lisonjear a uno u otro, creemos necesario evaluar las responsabilidades en todas las vertientes, pero de modo objetivo y técnico. Ante todo, recordar que el gran objetivo de descentralización política y económica del país sigue pendiente, y que eso es responsabilidad de todos, tanto del Gobierno Central como de los regionales y municipales.
El actual proceso de regionalización fue, en realidad, un duro parto legislativo, altamente politizado, que a última hora sobrepuso las regiones a los departamentos ya existentes. A partir de allí, paulatinamente el Gobierno Central ha ido transfiriendo recursos y funciones, pero es evidente que no se puede hacer todo de una sola vez y que las regiones trabajan de modo disparejo. Además, existe mucha desigualdad en sus niveles de riqueza.
Así, se señala que los gobiernos regionales y las municipalidades manejan actualmente dos tercios del presupuesto nacional. Pero es evidente que persisten tres problemas: los aún rígidos controles del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); la incapacidad técnica de las regiones para elaborar proyectos de factibilidad y prefactibilidad; y la poca transparencia con que se otorgan y reciben fondos del Gobierno Central, lo que da pie a que las entidades regionales sigan quejándose de que no reciben transferencias.
Aquí, el Gobierno Central tiene que ser autocrítico y reconocer que no ha actuado con la suficiente diligencia y prontitud para descentralizar el SNIP. Y, junto con los gobiernos regionales, tienen que promover mecanismos de coordinación y consenso, así como la formación de gerencias y cuadros técnicos en las regiones. No se trata de demonizar demagógicamente al SNIP, aparato necesario para fiscalizar el buen uso de los recursos, sino de revisar su estructura y hacerlo más dinámico y efectivo.
En cuanto a las regiones, concordamos en que no se puede generalizar. Hay algunos gobiernos regionales que trabajan bien, pero otros dejan mucho que desear. Es evidente que hoy, sobre todo los que tienen canon, cuentan con ingentes presupuestos, que deben usar responsablemente. Es escandaloso destinar dichos fondos a proyectos caprichosos y estrambóticos, o peor aun, condicionar las obras al apoyo político o electoral de tal o cual comunidad.
Luego, sobre todo en el sur, algunos gobiernos regionales como el de Puno, tienen una agenda radical y están sirviendo como puntas de lanza del proyecto interventor de Hugo Chávez a través de las llamadas casas del ALBA. Allí los electores deben redoblar la vigilancia ciudadana para denunciar cualquier exceso y afirmar los valores de la peruanidad y del desarrollo en democracia.
Finalmente, el Gobierno Central y los gobiernos regionales tienen que trabajar juntos para retomar el proyecto de las macrorregiones, que es la solución estructural de fondo para la descentralización. Al respecto, recordemos que cuanto más tiempo transcurra, más difícil será amalgamar e integrar los otrora departamentos en verdaderas macrorregiones.
Como se ha puesto nuevamente en evidencia en la crisis de Moquegua, aún existen caudillos regionales que apuestan a la división y el confrontacionismo, del que medran históricamente, en lugar de mirar al futuro con una perspectiva de cooperación y mejor aprovechamiento de sus potenciales. La verdadera descentralización se logrará cuando se rompan estos prejuicios chauvinistas y se creen más focos de desarrollo a lo largo y ancho del país, que generen riqueza para la mayoría de peruanos.
Para ello, el país tendrá que aprender a votar , no por el candidato que haga más promesas populistas, sino por el que realmente tenga la voluntad y capacidad de solucionar los problemas de cada región y gobernar para que todos los ciudadanos alcancen una mejor calidad de vida.