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Cambiando el modelo

Por Eduardo Morón. Economista U. del Pacífico

Por años se ha discutido que los elementos fundamentales del modelo económico que se estableció en los 90 debía ser reformado. La razón detrás de dichas quejas era básicamente redistributiva. La percepción y la evidencia muestran que el crecimiento económico alcanzado siempre benefició más a los que más tenían. Se podría decir que el propio diseño de las normas generó este resultado porque el tema redistributivo no estuvo presente en dichas reformas. La preocupación entonces era más básica: fundar una economía de mercado que funcionara sin generar inflación y desequilibrios macroeconómicos.

Algunos detalles que quedaron fuera de la reforma de los 90 fue la del agro tradicional de la sierra, que tenía enormes problemas de capitalización, de escala de operaciones y de mercado. Otra de las patas cojas fue la reforma del Estado que se quedó a medias. Algunas entidades se crearon y otras se cerraron, pero los mecanismos básicos de contratar gente que vale la pena, promover a los buenos funcionarios y dejar de lado a quienes no cumplían las metas nunca se lograron aterrizar. Cualquier empresario sabe que es imposible atraer talento a una organización donde no hay mecanismos de premio y castigo basados en la productividad individual.

También se dejó de lado el que a mi juicio es el principal problema del país: la informalidad. La informalidad fruto de la baja productividad de la gran mayoría de la mano de obra del mercado peruano es una trampa de pobreza. Empresas diminutas que producen y ganan poco. Viven refugiadas en el limbo de la informalidad y obtienen parte de su rentabilidad al no tener que pagar impuestos. Pero en su mayoría están condenadas a no poder capacitar a ningún trabajador, a no tener mayores posibilidades de acumulación de capital y, por lo tanto, a permanecer como empresas de subsistencia. Las microempresas un poco más modernas buscan asociarse con empresas de mayor tamaño que les permitan tener un horizonte de prosperidad. Por más que 10 millones de personas trabajan en estas empresas la legislación las miró por encima. Hoy no tienen acceso a salud, pensiones o vacaciones pero eso no era lo urgente.

Esta semana que pasó se cerró la avalancha de decretos que completan el paquete de implementación del TLC. Dentro del paquete hay normas que apuntan a intentar resolver los tres problemas que mencioné. Hay que mirar los detalles porque si bien los objetivos son los correctos no necesariamente los instrumentos lo son. Por ahora miré la parte de pensiones de la ley de mypes. La primera duda que me surgió es que se exige 25 años de aporte a los microempresarios para acceder a una pensión de jubilación, pero cerca de la mitad de quienes trabajan en microempresas tienen más de 40 años y por lo tanto ni siquiera en el hipotético caso que aporten puntualmente el resto de meses hasta llegar a los 65 podrían alcanzar ese requisito. ¿Cómo se va a actuar con aquellos trabajadores que no logren alcanzar dicho requisito? ¿Vamos a empezar a tener reclamos por bonos complementarios para jubilación anticipada? ¿O vale la pena pensar en fijar una pensión mínima universal no contributiva para los de muy bajos recursos?

En segundo lugar, los salarios reportados en la encuesta de hogares en personas que trabajan en microempresas son mucho menores al salario mínimo y el salto a la formalidad aún resulta muy oneroso. Todavía no tenemos el detalle de los reglamentos de las normas para analizar el posible impacto, pero lo destacable es que se haya decidido avanzar en aquello que antes fue completamente ignorado.