Bloggers reciben cuantiosas demandas por difamación

Una compañía constructora de Miami demandó por difamación a un agente inmobiliario de esa localidad por US$25 millones, pues publicó en su blog una información incorrecta. Mientras tanto, en España, un blogger fue condenado en primera instancia a pagar más de US$14.200 por difamar a una organización.

Sin duda se trata de dos casos en los que se podría marcar precedente en cuanto a las responsabilidades legales que atañen a quienes, sin ser periodistas profesionales, usan las herramientas de la Web 2.0 para difundir información a través de Internet.

EN MIAMI
Según informa la agencia AP, el agente inmobiliario Lucas Lechuga empezó a bloguear para compartir sus conocimientos sobre el mercado de viviendas en Miami. Lo que no se esperaba era una demanda de 25 millones de dólares por difamación cuando escribió en su blog (www.miamicondoinvestments.com) que una constructora de Miami acabó en bancarrota hace décadas.

El hispano debutó en el mundo de los blogs con un diploma en finanzas bajo el brazo. Ahora explica que los cargos de difamación aún pendientes contra él provienen de una cuestión semántica en la redacción. Si le dieran una segunda oportunidad, cambiaría las palabras que utilizó, refirió Lechuga.

EN ESPAÑA
En el caso de Julio Alonso, autor del blog Merodeando (www.merodeando.com), libra una batalla judicial con la Sociedad General de Autores de España (SGAE) desde hace cuatro años. Según informa "El País", desde su blog Alonso alentó una campaña contra la SGAE para utilizar en desmedro de ella el sistema conocido como Google Bombing. Este consiste en lograr que cuando los usuarios de Google buscaran la palabra 'ladrones', en el primer resultado de la búsqueda apareciera la web oficial de la SGAE.

La institución se contactó con Alonso y este retiró de inmediato el enlace de la campaña en línea, pero no eliminó los comentarios que los cibernautas habían publicado en el blog. Según la sentencia, el tribunal hace responsabiliza a Alonso de los contenidos de dichos comentarios debido a que él es el responsable de la creación de la página, de la introducción de los contenidos "y de la posibilidad técnica del control de los mismos".

En declaraciones a "El País", Alonso asegura que la SGAE está buscando una jurisprudencia ad hoc para ellos y le sorprende que la sentencia no evalúe cuáles son los comentarios en los que se insulta o injuria. "Da por probado que son difamatorios, pero no justifica cuáles lo son y por qué", señala. Además, tampoco entiende por qué el juzgado no mostró ningún interés en identificar a los autores de esos comentarios.

Sin duda no serán los últimos casos de este tipo de los que tendremos conocimiento.

El caso de AP y Drudge Retort
Hace unas semanas la agencia de noticias Associated Press (AP) intentó obligar al sitio web Drudge Retort (www.drudge.com) a que retire siete noticias que contenían citas a sus artículos, al aducir que se estaba violando su derecho de propiedad intelectual.

Esto originó la reacción de un grupo de bloggers, que pusieron en línea una página web para boicotear a la agencia de noticias. Luego de ello, AP concertó una reunión con algunos bloggers --entre ellos Rogers Cadenhead, autor de Drudge Retort-- para concertar algunas pautas bajo las cuales las notas de AP puedan ser citadas en línea.

Tras la reunión, la AP dijo que la compañía había dado información adicional a Cadenhead acerca de colocar su material en Internet, y ambas partes daban el asunto por concluido. Dijo además que la AP estaba teniendo un "intercambio constructivo con varias partes interesadas en la comunidad de blogs" acerca de la relación entre los bloggers y las compañías de noticias. Sin embargo, no se han hecho públicas las decisiones de la agencia de noticias.