Asamblea Constituyente aprueba la posible disolución del Congreso

QUITO [EL COMERCIO / AGENCIAS]. La Asamblea Constituyente de Ecuador que sesiona en la ciudad de Montecristi, controlada por el oficialismo, informó ayer que aprobó la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso, así como la reelección inmediata del jefe de Estado por una ocasión y la posibilidad de revocar su mandato.

El órgano, con 130 escaños, indicó que con el voto de la mayoría oficialista y aliados aprobó 19 artículos sobre la función ejecutiva, entre los cuales se definió que el gobernante podrá ser reelegido inmediatamente por un solo período, el cual será de cuatro años.

De ser avalada la nueva Carta Magna en el referéndum previsto para setiembre próximo, el presidente socialista Rafael Correa --en el poder desde el 15 de enero del 2007-- tendrá luz verde para intentar su reelección.

Correa alienta un nuevo texto constitucional, que deberá ser presentado antes del 26 de julio, que también regula la economía y que permitiría conjurar una década de crisis política en la que fueron derrocados abruptamente tres mandatarios.

La Constituyente aprobó además que el jefe de Estado pueda ser cesado a través de la revocatoria del mandato en una consulta popular y tendrá la facultad de disolver al Congreso por una vez dentro de los tres años de su gestión.

Según el texto, el presidente disolverá a la Asamblea Nacional (Congreso) "cuando a su juicio esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna".

En el caso de que el mandatario disuelva el Parlamento, deberá convocar elecciones legislativas para el resto del período, sometiendo su continuidad a los mismos comicios.

Una vez que la Constituyente con plenos poderes se instaló a finales de noviembre pasado, al ser aprobada en una consulta popular por iniciativa presidencial, la mayoría oficialista cesó al Congreso opositor como había anticipado Correa.

La actual Constitución, en vigencia desde junio de 1998, contempla la revocación del mandato de diputados, prefectos (gobernadores) provinciales y alcaldes, la reelección presidencial después de un período y no incluye la disolución del Parlamento.

RELACIONES ROTAS
En tanto, el Gobierno de Ecuador anunció ayer que mantendrá rotas las relaciones con Colombia, por la violación de su soberanía hace cuatro meses, a pesar de las supuestas presiones para restablecerlas tras el rescate de Ingrid Betancourt, quien estuvo en poder de las FARC desde hace más de seis años.

"Nos ratificamos en nuestra postura. Mientras no tengamos un gobierno decente con el cual tratar en Colombia, no se reanudarán esas relaciones, y esa postura es invariable hasta que no haya un cambio sustancial del desprecio y el irrespeto que siempre ha mostrado Colombia a Ecuador", expresó el mandatario Rafael Correa.

Añadió que "mientras no haya un cambio sustancial en la actitud del presidente (Álvaro) Uribe, del Gobierno Colombiano hacia Ecuador, no se reanudarán las relaciones".

En su informe semanal transmitido por televisión estatal, el gobernante dijo: "Tenemos grandes presiones. Dicen que ahora sí tenemos que reanudar relaciones con Colombia, que Correa se está quedando aislado internacionalmente. No entiendo de lo que están hablando".

CLAVES
La estrategia de Rafael Correa
A. Una de las principales promesas de campaña de Rafael Correa fue la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes que promulgaría una nueva Carta Magna.

B. Hacia este fin, el entonces candidato Correa no presentó ninguna lista parlamentaria al Congreso. El actual Legislativo, de mayoría opositora, no está sesionando.

C. La oposición ha afirmado que la real intención del actual mandatario es quedarse en el poder y tener un Parlamento a su favor que le permita gobernar.

D. Rafael Correa se convirtió en el 2007 en el octavo presidente que tuvo el país en diez años, tres de ellos cesados abruptamente por el Congreso alentados por protestas callejeras.