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Por una correcta revisión de los decretos legislativos

Es claro que el centenar de decretos legislativos dados por el Ejecutivo, al amparo de las facultades delegadas que le concedió el Congreso, han originado cuestionamientos en sectores de la oposición, gremios y sectores especializados que hubiesen querido medidas más englobantes. Sin embargo, es necesario que cualquier modificación, ajuste o derogatoria se maneje siguiendo los cauces que señala la Constitución.

Desconocer la competencia del Legislativo en este terreno sería contravenir el Estado de derecho, a menos que se quiera ceder a las presiones de grupos radicales que si bien tienen derecho a cuestionar las disposiciones del Gobierno no pueden asumir tareas que no les corresponden.

Como se sabe el 14 de diciembre del 2007, el pleno del Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo para la implementación del tratado de libre comercio con EE.UU. También se creó una comisión multipartidaria para revisar las iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo planteó incluso antes de que estas fueran promulgadas.

Por eso, si algún estamento sostiene que hubo excesos o normas que no se ajustan a esas facultades, que se revalúen, anteponiendo el beneficio del país y no intereses políticos o ideológicos.

Estos decretos pueden tener influencia en el proceso de reforma del Estado, en la eficiencia de la gestión pública y en la relación laboral-empresarial. No retrocedamos en este camino por el simple hecho de oponernos a todo o para ganar un poco de agua turbia para el molino político.