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Revoltosos podrían sufrir hasta ocho años de cárcel

Por Cecilia Rosales Ferreyros

Se juega el puesto. Mañana el Ministerio del Interior, encabezado por el cuestionado ministro Luis Alva Castro, afronta un gran reto: garantizar la seguridad de los ciudadanos que no quieren plegarse a un paro con evidentes móviles políticos.

Y para conculcar la movilización el gobierno aprista ha desplegado su vasta experiencia política desde diferente flancos.

Desde un spot publicitario en el que aparece el procesado Vladimiro Montesinos (quien dice que el Sutep no organizó un solo paro durante el fujimorato, lo cual da pie al rótulo "Ocultos con la dictadura, valientes con la democracia"), pasando por la anunciada participación de las FF.AA. (solo para resguardar las instalaciones estratégicas) hasta un comunicado del Ministerio del Interior (Mininter) que recuerda las leyes vigentes que se pueden aplicar a los revoltosos.

Ahí está, por ejemplo: "Constituye delito previsto y penado en nuestra legislación todo acto de intimidación o de violencia que coarte la libertad de las personas, lo que incluye amenazas o agresiones contra la integridad individual, ataques a las propiedades pública y privada, así como la interrupción de las vías de comunicación". En el comunicado del Mininter se advierte también que la policía detendrá y denunciará a quienes cometan cualquier ilícito.

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, también puso su grano de arena. Advirtió que toda persona que altere la tranquilidad pública, cause disturbios o daños a la propiedad pública o privada podría ser sancionada hasta con ocho años de cárcel, según el grado de responsabilidad que le alcance, tal como establece el artículo 315 del Código Penal.

"Los fiscales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya se encuentran en alerta máxima y continuarán con esta medida hasta después de la realización de las movilizaciones. Asimismo, actuarán inmediata y oportunamente ante cualquier hecho que altere el orden público y darán cuenta de su intervención al fiscal superior decano del distrito judicial correspondiente", añadió Echaíz.

A este escenario se sumó la presencia en varios puntos de la capital de ciudadanos con pancartas con frases en contra del paro.

El ex candidato presidencial Ollanta Humala también se refirió a la paralización: "A nivel nacional, el Partido Nacionalista va a apoyar y participar también en el paro (...) Hay una corriente de opinión que señala que Perú está muy bien, como pocas veces en su historia ha estado (...) Sin embargo, hay otra corriente de opinión que es la que dice: 'Este crecimiento no llega a mis bolsillos'".

¿ADECUADA PROPAGANDA?
El mencionado spot despertó no pocas reacciones, entre ellas las que cuestionaron dar tribuna a un personaje como Montesinos. "Es inadmisible que ese señor tenga tribuna para hacer propaganda en el canal del Estado desacreditando el paro nacional", lamentó la parlamentaria humalista Marisol Espinoza.

Por la noche, el primer ministro Jorge del Castillo consideró que la difusión del spot no podía ser un despropósito, pues --anotó-- solo utiliza una parte de un testimonio judicial transmitido íntegramente por diversos medios. "Aclaro que el que ha contratado es el Partido Aprista; no son fondos públicos", dijo Del Castillo a RPP. "Y no está mal, porque esa es finalmente la realidad", añadió.

Por su parte, el titular de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, reconoció en "La hora N" que si de él hubiera dependido, no habría dado luz verde a dicho spot.

En el Cusco firman acta de compromiso
Doce autoridades del Cusco firmaron ayer un acta de compromiso para que la reunión del APEC, que coincidirá con el paro nacional, así como la actividad turística, se desarrollen sin alteraciones. Para ello se acordó garantizar un corredor de tránsito desde el aeropuerto.

Se conoció de una carta suscrita por el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Efraín Yépez, en la que garantiza que las movilizaciones serán pacíficas y que no interferirán con las reuniones del APEC.