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Con llegada de comisión de alto nivel empieza el diálogo en Madre de Dios

Por Ricardo León Almenara. Enviado especial

PUERTO MALDONADO. Uno podría decir que la crisis de Puerto Maldonado empieza a solucionarse; a apaciguarse, por lo menos. Luego de la toma e incendio del local del Gobierno Regional de Madre de Dios y del posterior enfrentamiento con un grupo de 41 policías, que dejó a varios custodios heridos y a decenas de manifestantes detenidos, una aparente, pero inestable calma, se podía percibir ayer en las calles de este distrito, en la víspera de la llegada de una delegación del Gobierno Central encabezada por el ministro del Ambiente, Antonio Brack, y el secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan Manuel Figueroa, además del congresista Juan Perry Cruz.

Por lo pronto, en la oficina del gobernador de Madre de Dios, Jorge Pita, descansa un documento firmado por la Alianza de Federaciones de esta región que estipula el fin del paro a partir de la llegada confirmada de esta delegación desde Lima. Lo curioso es que toda esta superposición de hechos (enfrentamientos, persecuciones, detenciones, ajetreos en la comisaría, quejas de los manifestantes, treguas y la ausencia absoluta del presidente de la región, Santos Kaway) se produjo el mismo día en que Puerto Maldonado debería haber celebrado su aniversario 106. Pero ayer aquí casi nadie celebró nada.

DESCONTROL TOTAL
Hasta el cierre de esta edición, 34 manifestantes (entre ellos una mujer) habían sido detenidos por la policía y, según las primeras investigaciones, varios de ellos pertenecen a las delegaciones nativas presentes en el paro. "Los propios policías agredidos han reconocido a sus atacantes, que ya fueron detenidos", declaró a El Comercio el coronel PNP Alfonso Chávarri, jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), quien dirigió el contingente de 150 hombres enviado desde Lima para apoyar en las acciones disuasivas.

Algunas de las detenciones se produjeron la noche del miércoles, cuando la policía descubrió a algunos vándalos que robaban lo poco que quedaba en pie de las oficinas del gobierno regional. Los demás fueron capturados ayer en la tarde, tras una intensa persecución por el centro de la ciudad. Además, se recuperó el cajero automático de un banco, sustraído por los huelguistas. "La calma ha sido restablecida", agregó Chávarri. Sin embargo, los policías que vivieron la crisis aún mantienen despiertas la adrenalina y la rabia. El suboficial de segunda PNP José Michael Guzmán Torres contó lo que vivió en la hora y media más difícil de su vida y denunció, de paso, la actitud adoptada por sus superiores.

"Nosotros teníamos información sobre una posible toma de las oficinas del gobierno regional, pero aun así solo se designaron a 41 efectivos con pocas bombas lacrimógenas, varias de las cuales ni siquiera explotaron. Ellos eran como 4 mil y nos fueron arrinconando. Fue tan crítico el momento que tuve que llamar desde mi celular al 105 (número de emergencias) a ver si nos enviaban apoyo, pero nadie llegó: nuestros superiores no enviaron a nadie". Cuenta Guzmán que en determinado momento se acercó a hablar con algunos manifestantes (totalmente descontrolados, al punto que obligaron al alcalde Luis Bocángel a marchar con ellos) que lo reconocieron, pero ni así pudo evitar que los siguieran atacando. A esas alturas, a un compañero suyo una flecha envenenada le había atravesado el muslo. "Todos nos estábamos yendo, pero regresé a rescatarlo de la turba. Él estaba en el suelo y me dijo 'jefe, usted dijo que no me abandonaría'. Me arrojé encima suyo para protegerlo de los golpes; lo mismo hicieron unas señoras que nos apoyaron para que pudiéramos escapar".

TIERRA DE NADIE
Gritos para que los policías se arrodillaran, chorros de gasolina sobre sus ropas, amenazas y mucho humo: diez vehículos fueron incendiados dentro del local y las oficinas destruidas y quemadas. En un recorrido confirmamos que no queda una silla en pie. Las autoridades no han podido calcular el monto de las pérdidas. Varios de los vehículos y los equipos electrónicos eran nuevos. Representantes del gobierno regional dijeron que en los próximos días evaluarán las pérdidas. El Comercio intentó conversar con el presidente regional Santos Kaway, pero su teléfono celular lleva dos días apagado. Además, no está en Puerto Maldonado, según diversas fuentes: la ciudad se quedó sin su titular justo el día de su aniversario.

Indagan si hubo infiltración
Según Jaime Corisepa, dirigente nativo de la comunidad de Puerto Azul, quienes originaron los desmanes en el local del gobierno regional no fueron miembros de las comunidades nativas (que en esos momentos se reunían con el gobernador Jorge Antonio Pita), sino individuos ajenos a estas.

El representante de la Defensoría del Pueblo en Puerto Maldonado, Humberto Cordero, comentó que pudo tratarse de infiltrados, aunque las investigaciones policiales determinarán si hubo miembros de las comunidades nativas entre los intervenidos, de acuerdo con los videos captados durante los hechos. "Las detenciones no han sido pacíficas precisamente, pero se está vigilando que se respete la integridad de los capturados y que se investigue el grado de responsabilidad de cada uno. Además, se ha gestionado la atención ambulatoria de dos de ellos, quienes han sufrido heridas leves", declaró Cordero a El Comercio.

AL GRANO
"Incendiar oficinas y atacar a policías no es forma de protestar"*
¿Cuál es su primera evaluación sobre los incidentes del miércoles y los de ayer?
Luego de restablecer la calma en Puerto Maldonado, podría presumirse que entre quienes causaron los destrozos en el local del gobierno regional estarían manifestantes azuzados por personajes con claras motivaciones políticas. De todos modos, se logró capturar a quienes, además, atacaron a los policías durante los sucesos del miércoles.

Se enviaron ya 150 agentes como apoyo. ¿Se enviarán más o la crisis ya está solucionada?
Nosotros enviamos refuerzos porque la situación ya se veía crítica. De ser necesario se enviarán más en las próximas horas, aunque el personal policial ya logró contener a los manifestantes.

Aunque ya se firmó una tregua, podría haber manifestaciones futuras en la localidad, ahora que se destapó la violencia.
Incendiar oficinas públicas, destrozar cajeros y atacar a los policías no es una forma de protestar. Nosotros seguiremos capturando a quienes lo hicieron.  
(*) Octavio Salazar. Director de la PNP