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Comisión de alto nivel logró varios acuerdos con pobladores

Por Ricardo León

Terminada la reunión con la delegación del Gobierno Central, Antonio Iviche cruzó la plaza de armas de Madre de Dios, entró al local de la Federación de Comunidades Nativas de Madre de Dios (Fenamad), entidad que preside, se subió a un balcón y se dirigió en voz alta a los cientos de nativos que lo habían esperado durante más de cuatro horas para anunciarles que sus demandas habían sido escuchadas. Con voz de cansancio, dijo: "Hermanos, creo que hemos cumplido". El improvisado mitin terminó entre aplausos.

La reunión se inició a las 9 a.m. y estuvo encabezada por Antonio Brack, ministro del Ambiente, quien estuvo acompañado por Felipe Isasi y Luis Felipe Sánchez, viceministros de Minería y Agricultura, respectivamente; Juan Manuel Figueroa, secretario de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros; el congresista Juan David Perry y funcionarios del Ejecutivo y de la Defensoría del Pueblo.

Al término de la cita, Brack explicó los avances: "Me alegra que hoy haya comenzado el diálogo; mientras sigamos con conflictos no podemos avanzar". Según el ministro, los decretos legislativos emitidos recientemente por el Ejecutivo, que fueron el núcleo de las protestas, podrán ser revisados por el Congreso. Además, comentó que en la segunda quincena de agosto se realizarán reuniones en Puerto Maldonado para analizar el problema del sector minero.

En cuanto a los manifestantes detenidos, indicó que el Ejecutivo no puede intervenir en la investigación. "Corresponde a la fiscalía", comentó. A propósito, el fiscal Hugo Concha confirmó que del total de detenidos durante las jornadas de protesta, 14 fueron identificados como presuntos autores de los atentados, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio local, Manuel Calloquispe Flores, y el presidente del Frente de Defensa, Luis Zegarra Kajat. Su orden de encarcelamiento podría ser dictada en las próximas horas.

Entre los acuerdos a los que llegaron los representantes del Gobierno Central y la Fenamad figuran el compromiso de analizar la situación jurídica de los bosques en predios agrarios, así como el de canalizar el procedimiento administrativo de los reclamos por los casos de superposición de concesiones forestales.

También se acordó que las organizaciones sociales remitirán al Congreso sus propuestas para modificar diversos decretos legislativos que, según estas, atentan contra las comunidades nativas. Se anunció, además, el compromiso del Cofopri para no afectar los territorios de las comunidades nativas con la ejecución del Decreto Legislativo 1089, que implica un régimen extraordinario de titulación de predios y tierras eriazas habilitadas.

En el tema minero se anunció la aceleración de los procesos de formalización de la pequeña minería y minería artesanal. También se acordó una fiscalización permanente de las concesiones mineras en las zonas de amortiguamiento de Amarakaeri y la Reserva Nacional de Tambopata.

Pérdidas alcanzarían los US$15 millones
Dos días después de la toma e incendio del local del gobierno regional, su titular Santos Kaway respondió las preguntas sobre su ausencia. "Yo no me fugué", declaró desde Lima.

Kaway comentó que, sabiendo que los manifestantes buscarían vengarse de él por oponerse al paro, decidió viajar a la frontera con Brasil, donde permaneció un par de días. El miércoles, cuando se disponía a regresar a Puerto Maldonado, le informaron sobre los hechos y decidió, entonces, viajar a La Paz (Bolivia) y posteriormente a Lima. "Los huelguistas me iban a humillar, me iban a usar como trofeo de guerra. Yo preferí irme para no aumentar la tensión, no me fugué", insistió.

Sostuvo, además, que según la primera evaluación realizada, las pérdidas ascienden a US$15 millones en cuanto a los daños en la infraestructura, esto es, sin contar las pérdidas de los equipos tecnológicos y vehículos.