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El policía y los derechos humanos

Por: Francisco Miró Quesada Rada. Politólogo |

En concordancia con el artículo primero de la Constitución, la Ley de la Policía Nacional (Ley 27238) y su reglamento establecen que el personal de esta institución en el ejercicio de sus funciones respetará los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, sin ningún tipo de distingos y de acuerdo con los principios del código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Para eso debe mantener y defender los derechos humanos de todas las personas, y usará la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el ejercicio de sus funciones.

Precisamente esto fue lo que hizo el general Alberto Jordán Brignole, durante los acontecimientos de Moquegua. Decidió respetar los derechos humanos --el principal, que es el derecho a la vida-- de todas las personas que habían tomado el puente Montalvo y del personal policial bajo su comando.

Su proceder fue correcto, no solo desde el punto de vista ético y jurídico, sino desde el punto de vista de la operación policial. Porque en una democracia el uso de la violencia es el último recurso de la autoridad, además que debe demostrarse que fue en legítima defensa.

En atención a estos criterios, la Undécima Dirección Territorial Policial de Arequipa, Moquegua y Tacna, entonces a cargo del general Jordán, decidió manejar el conflicto a través del diálogo y la persuasión. Para lograr este objetivo se aplicó una metodología: convocar a los pobladores, entre los cuales había mujeres y niños, para evitar confrontaciones violentas y un costo social grave como consecuencia de la intervención de la policía. Esta decisión fue tomada porque, por principio, los conflictos sociales se deben solucionar en una mesa de diálogo y no por represión que, como se ha señalado, es el último recurso.

Cuando interviene el general Jordán para cumplir una orden escrita con la finalidad de desbloquear el puente Montalvo, lo hace con todo su personal operativo sin portar armas de fuego. Esto demuestra que no existió intención de reprimir, sino de dialogar. Pero este diálogo no se llevó a cabo de manera ordenada porque el policía fue capturado por los pobladores, que lo coartaron para que realizara algunas acciones.

Jordán tuvo que acceder, pero no por temor o cobardía, sino para evitar una confrontación con las masas enardecidas y con un grupo de infiltrados que tenían la intención de crear una situación de violencia que, seguramente, en estos momentos estaríamos lamentando por la muerte de personas.

Debemos felicitar y reconocer al general Jordán por respetar los derechos humanos, arriesgando su vid, máxime si se trata de un destacado oficial que en diversas circunstancias enfrentó al terrorismo y a la delincuencia común. Este oficial requiere el reconocimiento de su institución y del país por su comportamiento responsable y ejemplar. Él no solo ha demostrado coraje físico, sino también coraje moral, que tanta falta hace en ciertas autoridades. En consecuencia, el Gobierno a través de su ministro del Interior debe dar una explicación clara, convincente y transparente sobre los acontecimientos ocurridos en Moquegua, porque existe responsabilidad política y se debe saber por qué los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) no cumplieron las órdenes impartidas por Jordán durante el desalojo de la multitud en el puente Montalvo.