Enviar

Fiscalía sostiene que ya está acreditada la culpabilidad

Por Mario Mejía Huaraca

A siete meses de haberse iniciado el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori, aún no se puede vislumbrar cuál será el veredicto del tribunal. Sin embargo, y estando a punto de finalizar la etapa testimonial, ya las partes han ensayado una primera evaluación de lo actuado. Obviamente, las conclusiones varían diametralmente según la óptica empleada.

Mientras que para la fiscalía y la parte civil el desfile de 76 testigos ha permitido probar la responsabilidad del extraditado en los delitos que se le imputan y, por lo tanto, merecería ser condenado, para la defensa no se ha conseguido evidenciar ninguna de esas incriminaciones y lo único que resta sería la absolución del procesado.

Sin embargo, todavía falta pan por rebanar. La fase testimonial no ha concluido. El general (r) Nicolás Hermoza Ríos, testigo clave, continuará declarando por lo menos en tres audiencias más. Luego seguirán el ex ministro del Interior Juan Briones Dávila, el ex vicepresidente Máximo San Román y el ex Colina Jesús Sosa Saavedra. Además, falta desarrollar otra etapa, como la de la prueba instrumental, quizás la más compleja y ardua, pues se tendrá que analizar todos los documentos, videos y grabaciones aportados como pruebas. El expediente es voluminoso, hasta el momento cuenta con 106 tomos y aproximadamente 40.000 folios.

Como se recuerda, el ex gobernante está procesado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer durante el autogolpe de 5 de abril de 1992. El Ministerio Público ha pedido una sanción de 30 años de prisión y una indemnización de cien millones de soles.

"Se ha pedido esa pena para Fujimori en su calidad de autor mediato de los delitos incriminados", indica el fiscal supremo José Peláez Bardales, quien enfatiza que la fiscalía nunca sostuvo que el acusado ordenó matar, sino que estableció una nueva estrategia para enfrentar la subversión aplicando la guerra sucia. "Aquí se ha demostrado que él conoció de esa estrategia". Sostuvo que la mayor parte de los testigos ha señalado que el destacamento de aniquilamiento Colina existió y que fue formado a partir de un grupo de analistas como parte de la nueva estrategia contra subversiva. "Esta se implementó a través del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) que dirigía Vladimiro Montesinos, quien ha dicho que era un subordinado de Fujimori".

LA PARTE CIVIL
Gloria Cano, abogada de la parte civil, opina que hay suficiente evidencia para demostrar que no solo hubo aprobación, sino que se trabajó para lograr la impunidad del destacamento Colina", indicó.

En cuanto al secuestro de Gorriti y Dyer, tanto Peláez como Cano coinciden en que está suficientemente acreditado que las víctimas no fueron detenidas, sino secuestradas por comandos del Ejército y depositadas ilegalmente en los sótanos del Servicio de Inteligencia Militar (SIE). "Los participantes han reconocido que hubo una orden superior que emanaba de Fujimori".

HABLA LA DEFENSA
En la otra orilla, César Nakazaki, abogado del procesado, afirma que "ninguno de los testigos estrellas de la acusación (Umberto Jara, Santiago Martin Rivas, Rodolfo Robles y Julio Salazar Monroe) ha podido probar en el grado de certeza que hubo una política antisubversiva de guerra sucia, que Fujimori integró Colina en el nivel más alto y que dio órdenes concretas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta". Argumentó que la versión dada por Martin Rivas a Jara, que señalaba que la guerra sucia fue aprobada por el alto mando del Ejército en una reunión de junio de 1991, fue desbaratada por todos los generales que supuestamente participaron. Ellos negaron esa reunión.

"El testimonio de Robles también fue destruido, él decía que Colina no se creó en el Ejército sino en el SIN y que Fujimori lo manejó gracias a un decreto legislativo que nunca se implementó. Todo lo que dijo eran conjeturas", expresó.

Agregó que nadie ha podido demostrar que el ex mandatario haya conocido la formación y funcionamiento de Colina, y menos que haya sabido previamente de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

De acuerdo con fuentes judiciales, la Sala Penal Especial emitiría sentencia a comienzos de noviembre. Después de la fase testimonial vendrá la participación del peritaje y luego la etapa de lectura de pruebas. Tras eso, continuará la requisitoria oral en la que la fiscalía podrá ratificar su acusación o modificarla y finalmente los alegatos de la parte civil y la defensa.

¿Qué pueden aportar los últimos testigos?
Para la parte acusatoria, Máximo San Román es, de los testigos que faltan, el que más puede complicar la situación del acusado. El fiscal José Peláez dijo que podía aclarar la relación del entonces presidente con Montesinos y, sobre todo, encararle que le advirtió sobre el caso Barrios Altos.

Sin embargo, César Nakazaki dice que no está fehacientemente comprobado que el ex vicepresidente le haya presentado al procesado ese informe y agrega que San Román no va a dar un testimonio imparcial, pues es enemigo de Fujimori y se siente su "víctima".

En cuanto a Juan Briones Dávila, la fiscalía cree que solo va a repetir que la política de Fujimori era de acercamiento a la población y que no hubo violación de derechos humanos. Para Nakazaki, será importante porque le permitirá demostrar que ninguno de los canales de inteligencia le informó al ex presidente que había un grupo de aniquilamiento que violaba su directiva de pacificación.

Sobre Sosa Saavedra, la abogada Gloria Cano dice que no servirá ni para incriminar al ex gobernante ni para exculparlo, porque su nivel no llegaba a las altas esferas. En cambio, la defensa cree que podría serle útil, pues Sosa tiene una tercera teoría sobre la formación de Colina, según él: se originó en la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las FF.AA. " Mientras más contradicciones haya en el juicio, existe más posibilidad de lograr la absolución", indicó Nakazaki.