Poder Judicial registra huellas de procesados en computadoras

Por Andrea Castillo Calderón

La Corte Superior del Cono Norte está a un paso de ser la primera del país en usar el sistema de identificación biométrica de huellas digitales (AFIS, por sus siglas en inglés) para registrar y verificar la identidad de las personas que están en libertad condicional, semilibertad o procesados, que deben registrar su firma cada 30 días.

Tras más de un mes de prueba, ese registro de firmas ha logrado empadronar con el AFIS criminal al 40% de las 10.594 personas que figuran con mandatos coercitivos. Esta tarea se realiza cuando los procesados y reos libres acuden al módulo de registro de firmas y debe culminar en agosto. El sistema AFIS criminal registra por medios electrónicos las huellas de los diez dedos de las manos, toma una fotografía digital y registra, además, el número del DNI de la persona procesada penalmente.

El titular de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, Francisco Rozas Escalante, señaló que esta herramienta tecnológica eliminará los casos de suplantación en el registro de personas con mandatos coercitivos y advertirá sobre quiénes no se presentaron para que el juez revoque la comparecencia y ordene su detención.

El AFIS criminal, que por ahora se empleará para el registro de firmas mediante huella digital, se extenderá antes de fin de año a las cortes de Piura, La Libertad, Tumbes, Cajamarca, Loreto, Lima, Huaura, Arequipa, Ayacucho y Apurímac. En el primer trimestre del 2009 contarán con este servicio las 29 cortes del país, aseguró Iván Castillejo, del Proyecto Planificación y Gestión del programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia, que financia el Banco Mundial.

"Más adelante podrá conectarse con el registro de requisitorias y con los sistemas de información del Poder Judicial para descartar casos de homonimia por huella digital", dijo Castillejo. Sin embargo --anotó-- la ampliación de funciones requiere más presupuesto, el desarrollo de programas y el pago de las respectivas licencias.

¿Y REQUISITORIAS?
Mientras se extiende este sistema de identificación, el Poder Judicial tiene pendiente otra tarea: la interconexión de su registro de requisitorias con el sistema de la Policía Nacional. Esta integración, crucial para depurar información, no tiene cuándo concretarse debido a los frecuentes cambios en la jefatura de la división de requisitorias, se quejó el gerente del Poder Judicial, Hugo Suero.

Pese a ello, anotó, se ha entregado a la PNP computadoras y claves para el registro de requisitorias.

BASE DE DATOS HISTÓRICA
Mientras eso no ocurra, el Poder Judicial no podrá acceder a la base de datos de la PNP de requisitorias por terrorismo y tráfico ilícito de drogas emitidas antes de 1996, cuando se creó el registro de requisitorias del Poder Judicial, y pueden dar lugar a detenciones que no se ajustan a ley y a casos de homonimia por tener datos incompletos, sostuvo Roberto Quezada Romero, jefe del Registro Nacional de Requisitorias.

Quezada Romero aseguró que la PNP le ha entregado información al respecto, pero se encuentra en proceso de depuración. Sin citar cifras, el funcionario aseguró que al registro de requisitorias del Poder Judicial solo ingresan mandatos de detención que se ajustan a las normas sobre homonimia (Ley 27411 y 28121) y se devuelven los que tienen datos incompletos.

La doctora Imelda Tumialán Pinto, jefa del programa de derechos en dependencias policiales de la Defensoría del Pueblo, confirmó que ni en el registro de requisitorias del Poder Judicial ni en la PNP hay mandatos de detención ilegales (solo con el nombre y apellido del requisitoriado). Recordó que en el 2006 se expidieron 1.700 mandatos ilegales y el año pasado 166. "Aún no tenemos datos de este año pero se vigila que esos casos no ocurran", dijo.

Advirtió, empero, que el Congreso aún no ha cumplido con establecer como función exclusiva del Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial la anotación y levantamiento de las órdenes de captura, mandatos de detención e impedimentos de salida del país, y que la PNP tenga por función específica la ejecución de esas medidas. Mientras esto no ocurra, se debe dar prioridad a la interconexión de los puestos fronterizos con el sistema de requisitorias de la PNP.

EN PUNTOS
¿Necesita certificado de homonimia?
4La Ley 27411 del 2001 señalaba que el Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial debía entregar el certificado de homonimia en tres días, pero al no implementarse dicho registro, la Ley 28121 dispuso en el 2004 que ese documento fuera expedido por el juez penal.
4El certificado puede ser solicitado por quienes son detenidos por tener un homónimo con orden de captura (el juez tiene cinco días para pronunciarse).
4Usted puede verificar si hay un homónimo (nombres y apellidos iguales) en el Reniec y confirmar si es requerido por la justicia a través de la Defensoría del Pueblo. De ser así, solicite la declaración de homonimia ante la mesa única de partes de juzgados penales de Lima, jirón Miro Quesada 545.

PUNTO DE VISTA
El registro de requisitorias*
El Registro Nacional de Requisitorias debe contener todas las órdenes de captura, mandatos de detención e impedimentos de salida del país de quienes se encuentran sometidos a un proceso judicial, así como registrar las declaraciones judiciales de homonimia, información que proviene de las cortes superiores del país. A pesar de estar a más de diez años de su creación, a la fecha este registro no ha sido totalmente implementado.

Es de precisar que se debe identificar en su integridad a la persona, con la mayor cantidad de datos posibles que permitan su ubicación y captura. Los requisitos mínimos obligatorios son nombres y apellidos completos, edad, sexo, características físicas, talla y contextura; sin embargo, esto no se cumple en muchos casos. Esta evidente irregularidad puede tener como consecuencia la afectación de derechos fundamentales de muchos ciudadanos, ante posibles casos de homonimia, por lo que resulta urgente e indispensable depurar estos mandatos judiciales irregularmente emitidos.
(*) Tania del Valle Manchego. Instituto de Defensa Legal (IDL)