Proliferan matrimonios por conveniencia

Por Yolanda Vaccaro. Corresponsal

MADRID. Alberto (nombre ficticio) lleva en España aproximadamente dos décadas. Llegó de su Perú natal para ganarse la vida. Trabaja como jefe administrativo en un consultorio médico. A los pocos años de llegar se acogió al convenio hispanoperuano de doble nacionalidad. Hace ocho años, una de sus tías carnales le pidió un favor: que se casara con una de sus primas hermanas, Marcela, para que esta pudiera residir legalmente en España. A él, soltero y generoso, le interesó la idea.

Alberto y Marcela se casaron en Lima, en una ceremonia en la que solo se dieron besos en las mejillas. Los cónyuges viajaron a Madrid. Aquí tuvieron que convivir hasta que Marcela obtuvo la nacionalidad española. Siempre se han tratado como tío y sobrina, Marcela incluso trata a Alberto de usted. Cada uno durmió durante estos años en su habitación correspondiente. La convivencia y la apariencia de pareja eran necesarias para que en cualquier momento la policía pudiera verificar que se trataba de un matrimonio auténtico.

Marcela podría haber llegado a España como trabajadora aprovechando la preferencia para las contrataciones que tienen peruanos y chilenos (gracias a la especificidad de los convenios de doble nacionalidad). Pero entonces hubiera tenido que esperar dos años como residente legal para pedir la nacionalidad española. En cambio, como familiar de ciudadano español, de la Unión Europea (UE), para poder pedir ser española solo tuvo que esperar a tener un año de residencia legal. Ser español siempre es más conveniente que ser residente legal, porque no hay que estar renovando el permiso y porque, por ejemplo, se puede hacer con mayor facilidad una reagrupación familiar.

Para hacerse española, Marcela acudió a la preceptiva cita con la policía acompañada por su esposo, su tío Alberto. Allí respondieron a todas las preguntas que se le pasaron por la cabeza al agente, como los gustos del otro cónyuge, su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres... Pasaron la prueba sin problemas. Por suerte, no les pidieron que se besaran en la boca, una idea que los aterraba, pero que no forma parte del trámite, al menos por el momento. A los pocos meses Marcela ya era española. El divorcio no tardó en llegar.

Hoy Marcela vive en Madrid junto con su verdadera pareja, Gustavo, a quien trajo del Perú por ser, a su vez, esposo de española. Marcela se volvió a casar en Lima, en esta ocasión con su verdadero amor. Y la historia 'legal' se repitió.

Los matrimonios por conveniencia han proliferado en los últimos años. Simultáneamente, se han ampliado los controles para evitar esta picardía que, en realidad, implica varios delitos, entre ellos fraude a la ley y falsedad testimonial.

Hay quien se atreve a justificar en público esta práctica bajo el argumento de que hay que ayudar a los inmigrantes sin papeles. Es el caso de Ángela Moreno, una sevillana que la semana pasada no tenía reparos en salir entrevistada en el diario "El País" contando que, a sus 38 años de edad, se ha casado dos veces (carga con dos divorcios) con ciudadanos africanos para que estos pudieran obtener permiso de residencia. Ella se declara "involucrada con la inmigración y las fronteras, activista política y comprometida con los derechos de todos".

PREGUNTAS INIMAGINABLES
Casos como el de Alberto y Marcela se dan con mayor frecuencia entre los peruanos en España que deciden casarse por conveniencia. Generalmente, se trata de compatriotas que quieren ayudar a otros peruanos.

Pero no solo se casan con peruanos que viven aún en su país. También contraen matrimonio con compatriotas que ya viven en España, pero que carecen de papeles de residencia. No hay cifras oficiales, pero en la colonia se sabe que se trata de una práctica relativamente habitual, aunque bastante residual si se compara con los casos que se dan en otras colonias de extranjeros. Sucede que la mayor parte de peruanos posee permiso de residencia o nacionalidad española.

El caso de Alberto y Marcela es uno de los prototipos en este marco. Era prácticamente imposible que su unión no arribara a buen puerto en el plano legal, ya que cuando llegaron a España solo tuvieron que convalidar su matrimonio ante las autoridades pertinentes. Los problemas son cada vez mayores, en cambio, para aquellos matrimonios por conveniencia en los que uno de los cónyuges es ilegal.

Un vacío legal permite que un ilegal que se casa no sea expulsado y obtenga permiso de residencia. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó, hace cinco años, al Gobierno Español por exigir visa de ingreso para obtener permiso de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Desde entonces España no deporta a nadie que se case con un ciudadano de la UE. Pero lo que sí hacen las autoridades españolas es contrastar, por todos los medios posibles, que el matrimonio en cuestión se realiza por amor, tal como hicieron con Alberto y Marcela. ¿Cómo lo hace? Pues presionando hasta el límite a quienes solicitan casarse si uno de los miembros de la pareja es ilegal. Una prueba con preguntas más difíciles que las que les hicieron a Alberto y Marcela, ya que ambos eran 'legales'.

El sistema se desarrolla como sigue. El juez correspondiente del Registro Civil cita a los peticionarios. Cada uno de estos es entrevistado de forma individual. Las preguntas son diversas, muchas veces inimaginables. ¿Cómo se llaman los padres de su pareja?, ¿cuál es su comida favorita?, ¿qué talla de pantalón usa?, ¿en qué lado de la cama duerme?...

Una especie de exceso de celo que está sentando en este banquillo de los acusados también a parejas reales, que, en algunos casos, ven cómo el juez rechaza efectuar la ceremonia.

Una vez más, justos pagan por pecadores. Seguro que muchas bodas falsas son autorizadas y muchas bodas reales son rechazadas en esta especie de ruleta rusa y vía de legalización del matrimonio mixto.

PRECISIONES
4 Muchos españoles o residentes extranjeros se casan con ilegales para ayudarlos, sin cobrar. Pero la mayoría recibe entre 4.000 y 7.000 euros por el 'favor'.
4 No hay datos oficiales sobre estos matrimonios por conveniencia. La policía interviene en los casos en los que participan bandas delictivas organizadas, como ocurrió recientemente en Mallorca, Murcia, Valencia o Castellón.
4 Desde el 2000 se han intensificado los controles. El año pasado jueces de registros civiles, tras entrevistar a los solicitantes, rechazaron casar a 449 parejas, en las que uno de los miembros era español y el otro extranjero. Si se sigue con la tendencia del primer trimestre del 2008, el año acabará con 516 rechazos frente a los 70 del 2000.