Por Ítalo Sifuentes Alemán
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía Ramírez, informó ayer que ya no será este mes sino en diciembre cuando dicho organismo resuelva si el Caso El Frontón ya prescribió, con lo cual ya no serían llamados ante el Poder Judicial ni el presidente Alan García ni el primer vicepresidente Luis Giampietri (titular de la comisión de alto nivel encargada de la organización de la cumbre de líderes de APEC, en noviembre) como testigos de los luctuosos hechos ocurridos en junio de 1986, durante el primer gobierno aprista.
"(Ese expediente) no tiene prioridad para el TC porque hay causas atrasadas. Se verá en diciembre, antes veremos una acción de amparo del Deportivo Wanka contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y una acción de inconstitucionalidad sobre el cultivo de la hoja de coca. Hay temas mucho más importantes para el TC que ese", refirió Mesía a este Diario.
Así las cosas, el TC resolverá recién en diciembre el hábeas corpus que el ex marino Teodorico Bernabé Montoya presentó por considerar que las muertes en El Frontón prescribieron en junio del 2006 y que, por tanto, es un atentado contra el debido proceso procesarlo judicialmente por el delito de homicidio calificado.
"Vamos a ver si el hábeas corpus del ex marino es procedente. Es una materia controvertida que pone en juego el prestigio y la legitimidad del TC, de manera que los magistrados tenemos que ser sumamente cautos para estudiar el expediente", reconoció Mesía.
Giampietri dijo que el caso debe declararse prescrito. "Hay mucha gente inocente a la que las ONG buscan judicializar", refirió.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y defensor de las víctimas de El Frontón, Carlos Rivera, considera, más bien, que las violaciones de los derechos humanos deben ser los primeros temas en ser resueltos por el TC.
FRENTE A FRENTE
"Lo que pasa es que quieren armar un circo activando el tema y poniéndome en el tribunal como testigo. Quieren hacer algo parecido a lo que viene ocurriendo con el ex presidente Alberto Fujimori".
Luis Giampietri. Vicepresidente de la república
"Esta es una muestra de que el Caso El Frontón se viene politizando. Que el TC diga que se tomará cinco meses para resolverlo me parece exagerado y contribuye al desconcierto de los familiares de las víctimas".
Carlos Rivera. Abogado del IDL
EN PUNTOS
La denuncia y el hábeas corpus
4En marzo del 2007 el fiscal José Luis Azañero formuló denuncia contra 24 marinos (entre quienes estaba Teodorico Bernabé Montoya) por el delito de homicidio calificado, en agravio de Alfonso Gonzales Toribio y otros.
4En abril del 2007 Bernabé Montoya interpuso acción de hábeas corpus contra Azañero porque habría violado su derecho al debido proceso por haber formulado denuncia penal en un caso prescrito. Argumentó que el Caso El Frontón era un delito común (asesinato) y que, por lo tanto, prescribió a los 20 años, es decir, en junio del 2006.
4El 17 de abril del 2007 el Décimo Juzgado Penal de Lima declaró infundado el hábeas corpus de Bernabé Montoya. Este apeló.
4El 10 de mayo del 2007 la Tercera Sala Penal de Reos Libres de Lima revocó la sentencia del décimo juzgado y declaró fundada la acción de hábeas corpus de Montoya. Los vocales superiores Jorge Egoavil y Mónica Ávila votaron a favor de Montoya. El vocal Julián Jerí votó por confirmar la sentencia del juzgado.
4El 20 de julio del 2007 el vocal provisional Malzon Urbina se adhirió a la votación en mayoría que declara la revocatoria de la sentencia del décimo juzgado penal, por considerar que el crimen de El Frontón es un delito común y que cuando se produjo no existía la figura penal de delito de lesa humanidad.
4El 12 de octubre del 2007 el Instituto de Defensa Legal (IDL) presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de agravio constitucional para que evalúe la constitucionalidad de las sentencias emitidas por dicha sala.
4El 27 de junio del 2008 el TC notificó al IDL que había admitido su recurso para ser tramitado.
PARA RECORDAR
1. El 18 y 19 de junio de 1986 se desarrolla un motín en los penales de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara.
2. El presidente Alan García y sus ministros acuerdan encargar el restablecimiento del orden a las FF.AA. El ejército se encargó de Lurigancho y la Marina de El Frontón.
3. El costo del debelamiento fue de más de 250 muertos.
4. El 6 de junio de 1987 el Segundo Juzgado de Instrucción Permanente de la Marina emite resolución para sobreseer la causa y declarar que los investigados no tuvieron responsabilidad.
5. El 16 de junio de 1987 el Consejo de Guerra Permanente de la Marina confirma la anterior resolución.
6. El 20 de julio de 1989 dicho consejo archiva definitivamente el proceso y declara que no hay prueba contra los investigados.