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Pasado y presente de las privatizaciones en Brasil

Por Fernando Henrique Cardoso. Escritor

A pesar de la borrasca que viene llegando fuerte sobre la economía global, se tiene la impresión de que en Brasil vivimos en una isla; espero que no sea la de la fantasía. En algún momento y en alguna medida, los truenos alcanzarán a nuestra economía, actualmente más sólida.

Dentro de los factores que nos permiten enfrentar las dificultades globales hay cuatro que son fundamentales: la apertura comercial, la estabilización monetaria, algunas reformas en las formas y conductas administrativas, y las privatizaciones.

Algunos de estos factores acostumbran ser alabados; otros, no tanto; y otros más son puestos al margen. La estabilización, resultado del Plan Real, suele ser elogiada por todos, incluso por quienes se opusieron a ella en el pasado. La apertura ha sido olvidada en general, dado que fue iniciada en el gobierno de Fernando Collor de Mello, no muy querido.

Algunas reformas administrativas, como la creación de agencias regulatorias y la independencia en la práctica del Banco Central, fueron absorbidas poco a poco. Las privatizaciones, mantenidas aún hasta hoy, son objeto de la "repulsa ideológica" más que de una controversia o crítica consistente.

En momentos en que la privatización del sistema Telebrás está cumpliendo 10 años, es hora de revisar las apreciaciones sobre su significado para la economía y para el modo de funcionar del estado brasileño. Las privatizaciones fueron hechas a partir de 1991, conforme a la ley de la que resultó el plan nacional de desestatización, reestructurado en el gobierno de Itamar Franco.

Es verdad que no todas las privatizaciones tuvieron un éxito equivalente a la del sistema de telecomunicaciones, pues no es fácil encontrar un administrador de fuerza y un político de visión como Sergio Motta. Motta se ganó el apoyo del cuerpo técnico de las antiguas estatales y se lanzó con dedicación y energía a la creación de un nuevo modelo. No presumió de saberlo todo. Por el contrario, llamó a técnicos experimentados de una asesoría internacional y se enfrentó al debate público sobre los nuevos caminos de las telecomunicaciones, siempre con mi apoyo directo.

El primer paso para la reconstrucción de los servicios de telecomunicaciones se dio en agosto de 1995, con la reforma constitucional que abolió el monopolio estatal. Menos de un año después, en julio de 1996, el Senado aprobó la llamada ley mínima de telecomunicaciones, que permitió la venta de licencias para la concesión de la exploración de los celulares de banda B.

En las dos cámaras legislativas, la mayoría a favor fue arrasadora, oponiéndose a la reforma un grupo de retrógrados, autotitulados progresistas y defensores de los intereses populares. Les faltaba visión del futuro y la percepción de que las nuevas tecnologías y el dinamismo competitivo entre las empresas, bajo supervisión del estado, garantizarían un amplio acceso de la población a los medios de comunicación así como el abaratamiento de los servicios.

El paso siguiente se dio en diciembre de 1996, con el envío al congreso del proyecto para la ley general de telecomunicaciones y con la creación de Anatel, el cual fue debatido, modificado y aprobado por las dos cámaras. El 16 de julio de 1997 promulgué la nueva legislación. Estaban creadas las condiciones para que Brasil entrara en la era electrónica, de Internet, de la tecnología inalámbrica, de la banda ancha, de los celulares de prepago, de la universalización del acceso a la telefonía y a los servicios de telecomunicaciones.

De ahí en adelante libramos la batalla para demostrar que las concesiones fueron ventajosas y que el proceso de privatización transcurrió de manera transparente, con subastas públicas que rindieron al erario jugosos ingresos, cerca de US$19.000 millones por la venta de cerca del 20% de las acciones de Telebrás. Las demás, aunque no eran parte del bloque de control, ya estaban en manos de individuos y empresas. A este monto se le suma el resultado de las concesiones de explotación de celulares y otros servicios, por un total de cerca de US$30.000 millones.

Sin embargo, no fue por eso que hicimos la privatización de las telecomunicaciones, ni fue esa su única ventaja. La principal fue la absorción rápida de nuevas tecnologías y la continuidad de las inversiones, libres de los estorbos burocráticos del monopolio estatal y de las restricciones presupuestales que este causaba, incluso para la contratación de financiamientos. De 1998 hasta ahora, las empresas de telecomunicaciones han invertido cerca de 140.000 millones de reales (US$89.600 millones) en la mejora y ampliación del sistema, lo que hubiera sido imposible con recursos del gobierno.

La gritería respecto de lo que se llamó peyorativamente la "privataria" no se sustenta. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) presentó públicamente las reglas de las subastas, respetando estrictamente la directiva constitucional de la publicidad. Ninguna de ellas fue modificada posteriormente, de modo que también se obedeció otro principio constitucional, el de impersonalidad. Por último, el tercer dictamen constitucional, el de economía, se cumplió íntegramente. Saldría vencedor el consorcio que presentaba en sobre cerrado la mayor oferta.

El barullo causado por las discusiones entre el ministro de Comunicaciones, el presidente del BNDES y el Banco de Brasil se basó en la incomprensión de la naturaleza del proceso: cuantos más contendientes hubiera, mayor lucro para la tesorería. Era natural que el gobierno se empeñara en suscitar más competidores y que el Banco de Brasil diera cartas de garantía (por las cuales cobraba) para asegurar, con la garantía de las acciones vendidas, que el vencedor pagara la primera cuota a la tesorería.

En el caso de este barullo, el consorcio en cuestión perdió la subasta, no teniendo ninguna cabida hablar de favorecimientos. Además, el tribunal de cuentas de la unión y el jefe de su procuraduría analizaron, juzgaron y opinaron sobre la sinceridad de los procedimientos.

Se alcanzaron los objetivos fundamentales de la privatización. La telefonía fija pasó de 20 a 40 millones de aparatos en estos 10 años; de 1998 a 2007, los celulares pasaron de 7,4 a 121 millones; el número de personas con acceso a Internet alcanza hoy los 41,6 millones y el sistema está en expansión.

La competencia entre las empresas es continua y su productividad también, la tesorería recauda muchos más en impuestos de lo que sus acciones jamás rendirían y el precio de los servicios continúa bajando. Sin hablar de la creciente proporción que ocupan los servicios de telecomunicaciones en el producto interno bruto que, no obstante, está en aumento.

Es preciso mejorar la atención a los consumidores así como los avances tecnológicos requieren de revisiones en el marco regulatorio para permitir el uso convergente de las nuevas tecnologías. Espero que eso se haga con el fortalecimiento de Anatel y en el respeto por los principios constitucionales referidos, manteniéndose la competitividad entre las empresas, para evitar el monopolio privado, perjudicial al interés público.