Denuncian a Anaya ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales

Por Ítalo Sifuentes Alemán

En el 2006 casi trece mil personas eligieron al profesor de matemáticas José Anaya Oropeza, congresista de Unión por el Perú (UPP), sin calcular que, dos años después, "por un problema de sumas y restas", dicho legislador ancashino sería denunciado por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, contra la fe pública (falsificación de documentos) y peculado.

La denuncia fue realizada anoche por el procurador del Congreso, Julio Ubillús, debido a que Anaya Oropeza, para justificar sus gastos operativos, presentó en mayo del 2007 ante la Oficialía Mayor del Congreso varias facturas por consumo de pollos a la brasa por casi mil doscientos soles, provenientes de restaurantes cuyo mayor monto facturado asciende a cuarenta soles.

Se trata de la denuncia 113 presentada ante el presidente de la Comisión Permanente del Congreso.

Ubillús también denunció a Anaya por haber pedido al Congreso la devolución de S/.4.574 por la compra de pasajes a Italia, país al que viajó del 7 al 10 de mayo de este año, invitado por la Liga Parlamentaria de la Amistad Perú-Parlamento Europeo.

El último miércoles, el programa "Prensa libre" hizo público este escándalo, presentando las facturas adulteradas de la pollería Yorlas, en La Victoria, y el testimonio de su propietaria, Laura Lozano Vargas, negando haber emitido comprobantes por 369, 428 y 397 soles, como acreditó Anaya Oropeza.

Tras este destape, el caso fue asumido por la Comisión de Ética que preside la legisladora Elizabeth León (UPP), quien investiga qué faltas a la ética parlamentaria cometió Anaya Oropeza en su intento de fraguar documentación para justificar el gasto de los recursos que el Parlamento le entregó para su labor congresal.

CASOS DIFERENTES
Por la mañana, el titular del Parlamento, Javier Velásquez Quesquén (Apra), aclaró que el caso de este congresista es diferente al de la parlamentaria Margarita Sucari (UPP), quien fue grabada solicitando a su ex empleada Ivonne Araujo parte de su sueldo para supuestamente compartirlo con uno de los asesores de su despacho que trabajaba ad honórem.

En el caso de Anaya Oropeza, indicó Velásquez Quesquén, hay documentos que debían ser corroborados, trabajo al que se viene dedicando la Comisión de Ética; y a partir del próximo martes hará lo propio la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Dicho grupo de trabajo deberá designar un subgrupo acusador que investigue si procede acusar penalmente a Anaya, para lo cual el Congreso tendría que autorizar el levantamiento del fuero parlamentario de dicho congresista.

Desde que se hizo pública la denuncia periodística contra Anaya, este legislador ha evitado dar explicaciones sobre su situación. Ayer lo llamamos repetidas veces y sus asesores indicaron que no podían interrumpirlo, pues estaba en permanentes reuniones.

AUDITARÁN GASTOS
Velásquez Quesquén (Apra) anunció que la Contraloría General de la República auditará los gastos operativos de los congresistas en lo que va del actual período parlamentario, es decir del 2006 al 2008.

El titular del Congreso dio esta información luego de que se reuniera en su despacho con el contralor Genaro Matute, quien señaló a este Diario que la investigación de los gastos operativos de los 120 congresistas empezará el lunes próximo y que estaba por entregar los resultados de la audición que realizó a los gastos operativos del período parlamentario 2001-2006.

Velásquez Quesquén señaló que por norma congresal los parlamentarios solo están obligados a sustentar hasta el 90% de sus gastos operativos a través de boletas y facturas. El resto del porcentaje puede ser justificado mediante una declaración jurada.

La parlamentaria Elizabeth León explicó que los legisladores pueden disponer de S/.7.400 mensuales por comisión de servicios; dinero que solo puede ser gastado en alimentación, hospedaje, transporte, combustible y otros rubros vinculados a los gastos operativos de los legisladores.

Agregó que no necesariamente los congresistas gastaban esa suma mensualmente, sino que era un tope que está a su disposición para su trabajo parlamentario.

León consideró que no se haría una doble investigación a Anaya, pues su grupo de trabajo vela por el cumplimiento del Código de Ética Parlamentaria.

DEL CONSULTOR
"Denuncia debió ser inmediata"*
Llama la atención que a diferencia de otros casos el congresista upepista José Anaya no haya sido denunciado inmediatamente por el procurador del Congreso por haber falsificado boletas de pago para justificar gastos operativos que, en realidad, no se realizaron.

En principio, haber fraguado un documento constituye un delito contra la fe pública. Intentó estafar al Estado mediante un medio engañoso, es decir, unos documentos falsos, para obtener un beneficio económico que no le correspondía. A ello debe sumarse que probablemente cobró ese dinero, lo cual también involucra un delito.

Por eso, Anaya debió ser denunciado inmediatamente por el procurador, más aun si existen antecedentes, como son los casos de Elsa Canchaya, Tula Benítez y Margarita Sucari.

Para efectos administrativos, Anaya probablemente sea suspendido por el Congreso; pero para efectos de la justicia, el fiscal que ha tomado conocimiento de la denuncia tiene el camino expedito para formalizarla.

Aquí no cabe antijuicio. Lo que procede es que se le quite la inmunidad para que responda ante la justicia.

El hecho es tan o más grave que los otros: Anaya falsificó facturas.
* Mario Amoretti. Abogado penalista