El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, ha asumido en Junín un importante compromiso: ha dicho que impulsará la reforma constitucional, para que se apruebe la renovación por tercios o por mitades , sin esperar a que los parlamentarios cumplan cinco años.
El escepticismo es explicable, sobre todo cuando el Parlamento no ha hecho nada, hasta hoy, para sacar adelante una reforma que no solo garantizaría la revocatoria de congresistas, sino una composición congresal más representativa que sintonice mejor con el electorado. El Congreso debería entender que cumplir con estas medidas trascendentales para la institucionalidad y el Estado de derecho puede ayudar a que remonte la penosa desaprobación y desconfianza que hoy le concede la población (91% según Ipsos Apoyo; 87% según el Instituto de Opinión Pública de la PUCP).
Evidentemente, la responsabilidad de esta postergada reforma constitucional recae en todas las fuerzas políticas, pero sobre todo en los grupos upepistas, humalistas y fujimoristas opuestas a ella, al haberle negado hasta hoy los votos requeridos. En sus manos está lograr un cambio institucional fundamental para el país.