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¿Estará este Congreso dispuesto a cambiar las reglas de juego?

Es importante la receptividad que ha generado en los círculos políticos el editorial que El Comercio publicó anteayer para llamar la atención sobre la penosa crisis de credibilidad que afronta el Congreso, reflejada y ratificada en los resultados de nuestra última encuesta nacional de opinión, realizada por Ipsos Apoyo S.A.

Lo más provechoso es que ha permitido que el Gobierno y el Parlamento, así como líderes de diferentes fuerzas políticas, coincidan en la aplicación de reformas de fondo en el Congreso para devolverle legitimidad y, en paralelo, instaurar en el país un verdadero sistema de partidos.

Las reformas son conocidas. El reto es que los actuales congresistas acepten ser protagonistas del cambio que debe darse en el sistema político vigente para dar a luz otro diferente que realmente dignifique la institución congresal.

En primer lugar, debe modificar la Constitución: uno, para sacar adelante la renovación parcial por tercios o por mitades de la actual composición parlamentaria, y dos, para instaurar el voto facultativo. La meta es difícil, pero no imposible si media la suficiente voluntad política y si las diferentes bancadas actúan coherentemente, para reunir 81 votos ratificados en dos legislaturas consecutivas. La otra opción es más complicada e implica aprobar la enmienda con 61 votos y someterla luego a referéndum popular; sin embargo, sería eventualmente una salida viable frente a la intransigencia de algunos congresistas. Este Parlamento también tiene que cambiar la Ley Electoral para aprobar el voto preferencial, para lo cual se necesita 61 votos que no serían difíciles de conseguir si se considera que la actual Mesa Directiva se instauró con 66 votos seguros.

Otra tarea pendiente es modificar la actual Ley de Partidos Políticos. En realidad, desde su aprobación, se observó la inconveniencia de que las agrupaciones políticas tengan un 20% de invitados en sus listas parlamentarias. En la práctica, ello ha traído más de un dolor de cabeza, entre otras complicaciones legales.

Los hechos han demostrado, además, que la valla electoral del 4% ha resultado insuficiente, sobre todo en un país donde los partidos recurren a alianzas electorales para no desaparecer. Una prueba es que en el quinquenio 2001-2006 ocho partidos alcanzaron una curul, pero actualmente tenemos trece, lo que resulta inmanejable en un sistema político tan debilitado como el que tenemos.

Estas son las tareas de ese Congreso que tiene la opción de trabajar una ley de partidos que establezca la obligatoriedad de la democracia interna para elegir a sus candidatos, con primarias supervisadas por la ONPE; que obligue a publicar los lineamientos doctrinales y que convoque a los mejores cuadros profesionales y éticos que renovar partidos con mayor vocación de servicio.

El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y el Apra, el partido más experimentado del país, tienen una prueba de fuego: liderar una renovación ética del Parlamento y garantizar la legitimidad de las leyes y la fiscalización de los asuntos públicos del país.