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Quién marca el paso arriba y quién articula abajo

Por: Juan Paredes Castro |

Entre las muchas cosas que se desprenden de la desaprobación presidencial figura una que contradice la mayor regla de oro de los gobiernos modernos: un jefe de Estado no puede estar marcando el futuro y al mismo tiempo ocupándose del día a día.

No es que se le quiera privar de aquello que para todo político es más que el aire que respira, es decir, el contacto piel a piel con el pueblo. De lo que se trata es de que ese contacto piel a piel tiene que guardar directa correspondencia con el horizonte real y concreto que se vislumbra y descartar promesas y expectativas fáciles que en tiempos de crecimiento como el actual suelen tener efectos muy perniciosos.

Este es un problema a corregir en las cumbres del poder, donde Alan García tiene que volver a desconcentrar tareas y funciones en su primer ministro Jorge del Castillo y en quienes deben sentirse efectivos titulares de sus sectores (los ministros), con cancha libre para iniciativas más audaces.

Pero hay otro problema a corregir, apenas un poco más abajo: el de los viceministerios y direcciones generales, que concentran estructuras burocráticas desfasadas, ineficientes y en muchos casos corruptas e inamovibles, contra las cuales se estrellan todas las iniciativas de cambio habidas y por haber y por supuesto muchas de las sofisticadas intenciones de reforma del Estado que personalidades como la ministra Verónica Zavala buscan emprender desde sus propios laboratorios.

Hay, pues, tres tableros de mando que el Ejecutivo tiene que reestructurar y afinar rápidamente para restituir al país buena parte de la confianza que García y su equipo le infundieron desde los primeros días de agosto del 2006. Una jefatura de Estado bien asentada en lo que tiene que hacer, sin perderse en otras tareas. Una presidencia de Consejo de Ministros asumiendo el gobierno del día a día. Y ministerios menos dependientes de los despachos palaciegos, que nunca dejan de ser importantes, y por supuesto más volcados a las remociones de estructuras internas, desde donde tienen que generar los cambios burocráticos capaces de dotar de productividad y competitividad a los servicios del Estado.

Con una división así del trabajo del poder podría también incluirse dos articulaciones adicionales: una con las presidencias regionales, que resulta muy necesaria (pues reforzaría en la práctica el concepto constitucional de que el gobierno es unitario y el país indivisible), y otra con los programas sociales, que enfrentan el reto de una pronta redefinición de su enfoque y padrones de usuarios.