Proliferan hábeas corpus para detener la acción de la justicia

Por Mario Mejía Huaraca

En los dos últimos años el empleo del hábeas corpus se ha distorsionado peligrosamente. Ahora se aplica para tratar de frenar investigaciones en presuntos casos de narcotráfico o en lavado de activos. Por ejemplo, en menos de 45 días, dos jueces, uno de Chiclayo y otro de Cajamarca, de manera irregular declararon fundada la acción de garantía solicitada por miembros del clan de los Sánchez Paredes en contra de los fiscales que los investigaban. Todo un escándalo.

En realidad ese clan familiar y otros personajes vinculados a organizaciones presuntamente de narcotráfico han desatado una lluvia de pedidos de hábeas corpus. Este Diario pudo acceder a por lo menos 40 casos (se presume que son muchos más) interpuestos en diferentes juzgados del país con el fin de detener las pesquisas fiscales y policiales. La mayoría ha sido desestimada, pero otras todavía están en trámite de resolverse.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que los Sánchez Paredes han utilizado esta garantía constitucional en 15 oportunidades. Ocho fueron contra los fiscales Eduardo Castañeda Garay (Segunda Fiscalía contra la Criminalidad Organizada) y Lita Sánchez Tejada (Primera Fiscalía de Cañete). Y otras siete contra el director de la PNP, el director de Antidrogas y miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirandro.

Un asesor jurídico de la PNP recordó que Fernando Zevallos desde que fue capturado presentó diez demandas de hábeas corpus contra fiscales y policías. Según la fuente, el 60% de esos pedidos fue declarado infundado en todas las instancias, pero el resto todavía no ha sido resuelto y hay el peligro de que pueda ser declarado fundado.

En los casos de los hábeas corpus presentados por el clan de los Sánchez Paredes contra la Policía Nacional, cinco fueron desestimados en primera instancia y dos aún están en trámite.

La procuradora Antidrogas Sonia Medina ve con preocupación esta proliferación de pedidos de hábeas corpus, casi siempre vinculados con organizaciones delictivas que las emplean para tratar de sustraerse de una investigación o incluso de un proceso judicial en curso.

Asegura que se está prostituyendo esa importante acción de garantía y que resulta sospechoso que sean muchos los casos en que se interponen en lugares recónditos donde hay jueces que no son versados en constitucionalidad.

Al director de la Dirandro, general PNP Miguel Hidalgo, también le preocupa el aumento de esas acciones, algunas entabladas contra la policía. Él, al igual que varios agentes antidrogas consultados, cree que estas demandas no solo buscan evitar las investigaciones sino también atemorizar y crear problemas a los policías que los persiguen. "Si nos demandan tenemos que perder tiempo y pagar de nuestro bolsillo a un abogado para que nos defienda", reveló un agente de esa unidad.

CONTROL DE LAS SOLICITUDES
¿Qué hacer para que esta valiosa garantía constitucional que ampara la libertad no tenga mal uso? El presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, que también está preocupado por el abuso de esa acción de garantía, comentó que, muchas veces, con ese recurso se pretende enervar decisiones de la Corte Suprema que tiene carácter de cosa juzgada. Recordó que el año pasado se dio una directiva que sirve de alerta para que no se dé mal uso a ese instrumento. Según esa disposición, los jueces que reciban un pedido de hábeas corpus están obligado a comunicar de inmediato al presidente de su corte y al jefe de control de la misma.

En cumplimiento de esa directiva, del 13 de febrero a la fecha se han presentado 2.595 acciones de amparo y hábeas corpus en el país. De acuerdo con Távara, los casos en que han sido mal empleadas son realmente pocos, pero son los que más llaman la atención de la prensa. Invoca a que la OCMA continúe su acción de control y sancione a los malos magistrados.

Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), propone que el hábeas corpus solo debe estar referido a la detención arbitraria y que debe ser admitido por el juez como último recurso para garantizar otros derechos solo cuando no existan otros mecanismos legales para hacerlo.

Sostuvo igualmente que los abogados que presenten un recurso que sea considerado temerario (sin fundamento) serán sancionados drásticamente por el Comité de Ética del CAL. En el caso de los abogados que presentaron los hábeas corpus de los Sánchez Paredes en Chiclayo y Cajamarca, dijo que el CAL no tenía competencia, porque no actúan en Lima.

PRECISIONES
A. Por el Caso Fontanella, por lavado de activos (en el que están involucrados Fernando Zevallos y Montesinos), se presentaron ocho acciones de hábeas corpus contra la policía en Iquitos.

B. Por el Caso Fish (por una incautación de 900 kilos de droga en Piura) los implicados interpusieron cinco hábeas corpus contra la policía.

C. El fallo del juez de Chiclayo que favoreció a los Sánchez Paredes fue desestimado en segunda instancia.

DEL CONSULTOR
No se debe distorsionar*
El hábeas corpus es la acción de garantía constitucional más importante que tenemos, ya que protege la libertad individual, en caso de que sea vulnerada o que esté amenazada.

Su característica principal es de ser un trámite inmediato. La puede invocar cualquier persona agraviada, a quien se le haya privado de su libertad.

Por eso debe protegerse esta acción de garantía y no extenderla a ningún otro caso, ya que los demás derechos constitucionales están protegidos por las acciones de amparo.

Cabe la acción igualmente contra las amenazas a la libertad individual, aunque no se haya vulnerado efectivamente.

Lo que preocupa ahora es que algunos jueces estén malinterpretando su propósito y comiencen a usar esa acción para otros fines a los previstos por la Constitución. Se debe exigir la mayor seriedad de los magistrados y los que otorguen el hábeas corpus indebidamente deben merecer la denuncia correspondiente ante la OCMA, que debe sancionar con energía los casos en que se otorguen sin el debido sustento. Y más aun si se desvirtúa su propósito de proteger la libertad individual y los derechos conexos a ella.
* Raúl Ferrero Costa. Abogado constitucionalista