Enviar

La lección de Paniagua contra la impunidad

Por: Juan Paredes Castro |

A quien quiera saber cómo se cortan las alas a la corrupción y a la impunidad en el país le bastaría con averiguar lo que el ex presidente Valentín Paniagua hizo, en su gobierno de transición, para poner en la cárcel a prominentes ex colaboradores del régimen fujimorista, que por la vía de la acusación constitucional, o por cualquier otra vinculada a su rango, como el fuero militar, sencillamente se hubieran reído de la justicia peruana.

No es que Paniagua hubiera actuado ni abusiva ni autoritariamente, violando preceptos constitucionales y legales. Actuó sobre la base de las evidencias de actuación penal que pesaban sobre ellos y la certeza de que de no haberlo hecho así la impunidad se habría impuesto, mediante los subterfugios concedidos por nuestro propio orden institucional, incluida la fuga del país, como es el caso de algunos personajes requeridos hasta hoy por los tribunales.

Conocidas las entrañas de la corrupción de entonces y la necesidad de que el Estado tenía que proceder precautoriamente en defensa de sus intereses, el gobierno de transición creó una bien montada procuraduría especializada, con todos los poderes que debía tener, para no solo facilitar la detención y el encarcelamiento de quienes lo merecían, sino para que estos fuesen favorecidos por el debido proceso en los niveles de investigación fiscal y en los propiamente judiciales.

Si bien ya no viene al caso recordar en detalle las bondades de ese sistema anticorrupción y algunas de sus limitaciones y fallas --que sin duda las tuvo--, resulta increíble que el Congreso, el Gobierno y el Poder Judicial, ante evidentes escándalos de estafa y de tráfico de influencias, muestren una reacción laxa e indiferente.

No parecieran medir consecuencias inmediatas, como la descalificación internacional de las garantías que debiera ofrecer el Estado, precisamente en su lucha contra el delito y su capacidad sancionadora.

Estamos viendo que la figura de la acusación constitucional, como filtro entre la inmunidad de que goza todo congresista y las evidencias de delito penal cometido, es un problema a resolver, mediante una puntual reforma de la Carta Política. Sin embargo, ya tiene que existir la suficiente voluntad política para emprender esa reforma, entre otras igualmente necesarias y urgentes, y para encontrar la manera de acortar por ahora ese paso, acelerando los procesos de criminalidad denunciados.

Haría falta que Alan García, Javier Velásquez y Francisco Távara se asomaran por un momento al legado anticorrupción de Paniagua. Alguna lección tienen que sacar y aprender.