¿Dónde quedó la responsabilidad empresarial?

Por Juan de Dios Olaechea. Empresario

Hace exactamente un año, en un artículo publicado en este mismo Diario, consideramos que el Estado debía ser más proactivo y obligar a las empresas a usar tecnología moderna para controlar el problema de la velocidad, principal causa de accidentes. Sin embargo, a pesar de diversas acciones del Estado, los accidentes continúan conmocionando al país.

Si se revisan las causas de los últimos accidentes, más del 90% está relacionado nuevamente con la velocidad y con problemas de comportamiento humano. En un caso, el chofer se quedó dormido; en otro, estaba ebrio; un tercero, adelantó cuando no debía hacerlo; y en un caso reciente, el chofer era un joven de 16 años. Es decir, si se controla el alcoholismo de los choferes, su edad, la velocidad del vehículo y la fatiga se acabaría con la mayoría de accidentes. Y para ello ni siquiera se necesitaría al Estado.

Si una empresa de transporte permite que su trabajador conduzca sin descanso o con signos de ebriedad o que permite el abuso de la velocidad o que deja a sus conductores manejar sin brevete o utilice menores de edad, la primera responsabilidad la tienen los que dirigen las empresas.

¿Se requiere una ley o un policía para que una empresa supervise que ningún chofer conduzca ebrio o ponga un copiloto debidamente descansado o que instale mecanismos tecnológicos para controlar la velocidad? ¿Se requieren leyes para no usar menores de edad como choferes? No, solo se requiere ciudadanos responsables y empresarios de verdad, no negociantes en el transporte. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado y cuántas se podrán salvar en el futuro si las empresas fueran más responsables?

Con lástima y rabia también escuchamos a algunos empresarios pretender declinar su responsabilidad señalando que sus vehículos habían pasado las garitas de Tolerancia Cero. Cuánta hipocresía en estas afirmaciones. La responsabilidad no se declina de esa manera. Se asume. La experiencia de los ferrocarriles puede ser ilustrativa. No hay servicio más formal y disciplinado, por su propia naturaleza, que el transporte por ferrocarril.

El tren no para en cualquier lado, tiene horarios escrupulosos de salida y llegada, los dos maquinistas pasan previamente pruebas de alcoholemia, hay inspectores de la propia empresa que supervisan sin previo aviso tanto a la tripulación como la velocidad, hay un registrador de eventos en cada viaje para determinar si los parámetros fueron cumplidos (limitaciones de velocidad, paradas, etc.), los trabajadores están en planillas y con contratos a plazo indeterminado, las asistentas sociales realizan pruebas psicológicas con frecuencia a personal clave de la empresa, entre otros. Todo esto explica por qué los accidentes ferroviarios son muy raros, no solo en el Perú sino en el mundo entero.

La vida es un derecho fundamental, el más importante de todos los derechos, y nadie puede hacer negocios irresponsablemente afectando gravemente esa prerrogativa. El Poder Judicial debe castigar sin miramientos a aquellos empresarios que abusaron de sus libertades y no cumplieron con sus obligaciones de diligencia y responsabilidad que les impone la actividad de transporte que desarrollan.

También la sociedad debe empezar a exigir empresas responsables. Accidentes pueden haber, pero no en la magnitud en que la vemos todos los días. En una democracia hay libertades ciudadanas y el Estado tiene su papel, pero la responsabilidad central en el ejercicio de esas libertades la tenemos las personas. La "reforma del alma" bien podría empezar por el transporte.