Frente a la mortal y escandalosa racha de accidentes en las carreteras del país es destacable que el Gobierno finalmente haya comenzado a tomar acciones preventivas. Es el caso de la proyectada creación de una superintendencia que fiscalice y supervise el transporte terrestre, así como la obligación de realizar auditorías de seguridad en los proyectos viales y obras de infraestructura ya ejecutadas.
Corresponde ahora al Ministerio de Transporte y Comunicaciones gestionar con eficiencia y celeridad ambas iniciativas. Sería nefasto que esto solo responda a mejorar la imagen del sector --luego de que la ministra Verónica Zavala se salvara de una censura-- o simplemente se utilice para inflar la burocracia estatal.
En el caso de la superintendencia de transporte terrestre, el país espera que funcione técnicamente. Como señalan expertos en nuestra edición de hoy, lo prioritario es que se capacite a los fiscalizadores del MTC para que contribuyan efectivamente con la prevención de desgracias, no solo en las carreteras, sino en los recintos de los terminales terrestres, antes de que los choferes y vehículos salgan a las calles.
El Congreso debe aprobar esta medida, pero también exigir que el MTC coordine con los gobiernos locales y regionales, porque no solo tendrá que capacitarlos sino incluso aplicar papeletas dentro de sus jurisdicciones.
En cuanto a las auditorías a las carreteras, los expertos son claros: hay que empezar por el principio, es decir, por formar y certificar a los auditores nacionales.
Queda aún mucho por hacer. Pero lo alentador es que se empieza a mostrar voluntad de cambiar las reglas caóticas que rigen el transporte. El reto es no desmayar, involucrar a las empresas y a los pasajeros y controlar permanentemente. Está en juego la vida de millones de peruanos.