Hay que reconocer la positiva labor que vienen cumpliendo algunas instancias superiores del Poder Judicial para deshacer los entuertos de otras de nivel inferior en el intrincado y emblemático caso de los Sánchez Paredes.
Esta semana, la Segunda Sala Penal de Cajamarca revocó la sentencia del juez Esteban Lévano, quien había declarado fundado un hábeas corpus a favor de dicho clan, en procesos por lavado de activos y narcotráfico.
No todo está perdido, pues, en el Poder Judicial. Así como existen magistrados que deben ser reconocidos y promovidos, hay otros que tienen que ser investigados y sancionados severamente por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), sobre todo por prevaricar y abusar corruptamente de las acciones de amparo.
Se ha ganado una batalla pero no la guerra. La lucha contra el narcotráfico debe comprometer a todo el Estado y la ciudadanía, dada la capacidad amedrentadora y de infiltración de esa lacra. Y así como hay que proteger y premiar a los procuradores y magistrados que persiguen y sancionan a estos mafiosos, tiene que destituirse y mandarse a la cárcel a los jueces que se ponen del lado de los enemigos de la sociedad, la ley y el orden.