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La difícil lucha de México

Por Eduardo Ulibarri. Periodista

Un desfile multitudinario por el centro de la capital se constituyó, el pasado sábado, en el clímax de la ansiedad, del temor y del rechazo ciudadano contra la epidemia de crimen y violencia que padece México, impulsada por el narcotráfico.

Días antes, representantes de los gobiernos federal (el presidente) y estatales (los 32 gobernadores), legisladores de todos los partidos y miembros de organizaciones civiles firmaron un pacto contra la inseguridad, de gran trascendencia política y sentido de unidad.

Hasta connotados líderes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que insiste en desconocer la legitimidad del presidente Felipe Calderón, asistieron al encuentro; entre ellos, el alcalde del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta.

Las reacciones se justifican plenamente, aunque quizá sean tardías.

Pese a los 30.000 soldados desplegados en las regiones más afectadas del país, las muertes y secuestros por la violencia narco solo aumentan.

Las cifras varían según las fuentes, pero coinciden en que, durante los primeros siete meses y medio del año, los asesinatos por esa causa han superado a todos los del 2007. En números redondos, suman 3.000: una verdadera guerra. Los 400 secuestros contabilizados en el 2008 casi igualan el saldo del año anterior.

El miércoles, Agustín Carstens, secretario de Hacienda, calculó que la inseguridad "resta, aproximadamente, un punto porcentual de crecimiento", medido por el producto bruto interno (PBI), y que los costos de las empresas se han incrementado entre 5% y 10%, por sus necesidades de protección.

En síntesis: el Estado ha sido rebasado por el crimen organizado. La angustiante pregunta es si esta tendencia se podrá revertir.

El presidente Felipe Calderón, que hasta ahora ha hecho un gobierno esencialmente eficaz, responde que sí, pero añade: "Todos somos responsables".

Sus declaraciones las dio el 21 de agosto, durante la firma del pacto. Entre las medidas contempladas en el documento están la depuración de las instituciones de justicia y policía, el diseño de mejores instrumentos para las denuncias anónimas, el establecimiento de jueces sin rostro, las acciones para prevenir el delito, la construcción de prisiones más seguras, la adopción de nueva legislación sobre seguridad pública y estrategias nacionales contra el secuestro y el tráfico de drogas en pequeña escala.

Carstens, además, anunció que en el 2009 el presupuesto para seguridad se incrementará sustancialmente.

La gran pregunta es si México aún estará a tiempo para romper el cerco y comenzar, al menos, a ganar importantes batallas. El deseo es que sí. La realidad levanta dudas.

El trágico ascenso del poder narco es resultado de la intersección de dos fenómenos de gran magnitud y hondura:

Por un lado, la corrupción acumulada por varias décadas en las entidades de seguridad y justicia del país, sobre todo locales y estatales. Sus vicios, extendidos y profundos, son parte consustancial del sistema.

Por otro lado, el desarrollo de poderosas organizaciones y carteles narcos, que se nutren de la perversa dinámica del mercado de las drogas y profundizan, con sus dólares y balas, las prácticas más corruptas y perversas.

Desarmar los retorcidos sistemas policial y judicial, para rearmarlos conforme a una lógica capaz de excluir la corrupción, es una tarea titánica.

Doblegar un negocio como el narcotráfico, en el cual, mientras más se afecten sus redes más sube el precio de la droga y, por ello, más sentido tiene asumir el riesgo de traficarla, es igualmente complicado.

Además existe otro peligro, a considerar más allá de las fronteras mexicanas: por lo regular, el éxito en el combate de los traficantes en un país implica su traslado a otros. La crisis de México también se explica, en parte, por los golpes contra los carteles colombianos.

Si se avanzara seriamente en combatir a los mexicanos, ¿cuál sería su nueva escala? Es una pregunta particularmente importante en Centroamérica y el Caribe.

En todo caso, el reagrupamiento de fuerzas políticas, gubernamentales, militares y civiles es una buena señal, que podrá incidir en un favorable cambio de expectativas sobre el futuro de México. Convertirlas en realidad es la gran tarea que sigue.