¿Régimen temporal o eterno?

Por Azucena León Torres

A fines de la década del 70 la actividad exportadora del Perú era prácticamente nula. El PBI, luego de dos décadas de expansión, se estancó y los niveles de desempleo se dispararon. El gobierno militar de entonces estaba obligado a buscar nuevas alternativas de crecimiento para calmar las expectativas sociales, que ya empezaban a desbordarse.

Es en medio de ese contexto, de profunda crisis, que el 21 de noviembre de 1978 Francisco Morales Bermúdez promulga el Decreto Ley 22342. Un dispositivo con el que, además de otorgar incentivos de carácter temporal para estimular el crecimiento de una actividad aún incipiente, buscaba promover la generación de puestos de trabajo.

Lo que hace este decreto es otorgar a los exportadores la posibilidad de adecuar sus necesidades de contratación a los pedidos de compra en el exterior. Es decir, pueden disminuir o aumentar personal en forma temporal e indeterminada, según su producción.

El tiempo pasó y todo parece indicar que la norma cumplió su objetivo: las exportaciones no tradicionales, que se sustentan principalmente en los textiles y la agroindustria, han crecido a una tasa promedio anual de 16% y solo en el 2007 lograron superar los US$6.000 millones. No obstante, la ley, que tenía inicialmente un carácter temporal, ya tiene 30 años de vigencia y en ciertos casos está siendo utilizada para cometer excesos contra trabajadores, que buscan sindicalizarse.

Sandro Román, representante de los trabajadores textiles de la CGTP y secretario de Técnica y Estadística del Sindicato de Trabajadores de Sur Color Star, puede dar fe de ello. A él, y a otros 14 afiliados a su sindicato, la compañía textil decidió no renovarles el contrato el 29 de diciembre pasado, exactamente un día después de que la gerencia fue informada de la constitución del gremio.

"En noviembre Topy Top formó una nueva empresa para realizar sus actividades textiles por separado. Ese mes se nos aseguró que cuando pasáramos a la nueva compañía continuaríamos trabajando. Sin embargo, al mes no me renovaron el contrato, argumentando que no había pasado el período de prueba, cuando en la práctica ya tenía más de dos años trabajando para la misma empresa", recuerda. Al poco tiempo, y luego de un intensa negociación entre la dirigencia y la empresa, Sandro, junto a otro grupo de trabajadores, logró ser reincorporado. Pero parece que su alegría no le duró mucho, pues afirma que nuevamente tiene problemas con la textilera.

¿QUIÉN GANA?
El caso de Sandro fue avalado por el viceministro de Trabajo, Jorge Villasante, quien señaló que ciertas empresas --entre ellas Textiles del Sur, Textil San Sebastián, Topy Top, Universal Textil, entre otras--, utilizan esta modalidad de contratación para cometer prácticas antisindicales.

"No es casualidad que cada vez que un grupo de trabajadores se organiza no se le renueve el contrato, mientras que a los demás (no sindicalizados) se les renueva sin problemas", dice.

Esta, y la supuesta precarización del empleo, fueron las razones que llevaron en mayo pasado al congresista upepista Víctor Mayorga a presentar un proyecto para derogar la Ley 22342, de tal forma que todos los trabajadores inmersos en este régimen pasen automáticamente a planilla. La polémica iniciativa tuvo eco en la Comisión de Trabajo del Congreso, pues fue aprobada por mayoría, pocos días antes de que concluyera la legislatura pasada.

La decisión generó el rechazo inmediato del sector exportador, que aseguró que esta herramienta les permite afrontar las idas y venidas del mercado internacional y que sin ella perdería competitividad. Lo cierto es que mientras el proyecto hace cola para ser discutido en el pleno, el ministro de Trabajo, Mario Pasco, decidió intervenir y presentar una propuesta alternativa para fijar topes de hasta cinco años en los contratos temporales para el sector exportador no tradicional. Ambas iniciativas han abierto la discusión respecto de si esta modalidad de contratación ya cumplió su ciclo y si existe la necesidad de ajustarla para evitar supuestos excesos (como que se extienda a personal que no interviene en exportación) y abusos.

Carlos Castro, director de la textil Nettalco, rechaza ambas propuestas. Dice que en un mercado variable, en el que su producción depende de un tercero, los exportadores necesitan contar con un esquema de contratación flexible. "Ningún Estado puede asegurar estabilidad laboral por la misma razón que no puede garantizar estabilidad en la demanda", precisa. Señala, además, que soportar una carga fija de personal cuando no se está produciendo crearía un problema económico insostenible. Según ÁDEX, los costos laborales podrían elevarse más de 10% si se elimina esta modalidad, lo que colocaría a las empresas locales en clara desventaja frente a sus competidores del sudeste asiático.

Pero José Luis Daza, director de la oficina Subregional de la OIT dice que la competitividad no debe basarse en el costo laboral. "Si solo son sostenibles con ese tipo de contratos, ¿ nos encontramos ante un plus de ineficacia empresarial? Deben ser más creativos", afirma.

Por su parte, Harry Stewart, representante laboral de ÁDEX, afirma que por la irresponsabilidad de unas cuantas empresas no se puede eliminar una ley que ha sido decisiva en la generación de trabajo decente.

Sin embargo, el viceministro Villasante dice que este régimen ha precarizado el empleo, pues según un estudio que ha realizado el Ministerio de Trabajo, los niveles de remuneración promedio se han mantenido bajos, aun cuando los últimos 13 años las exportaciones del sector se han cuadruplicado. "Con este régimen también se desalienta la sindicalización y sin ella los trabajadores no pueden negociar mejores condiciones salariales", agrega.

Miguel Ognio, presidente de la Asociación de Productores de Cebollas, cuestiona dicha afirmación y agrega que, por el contrario, la agroexportación es responsable de que los sueldos hayan mejorado y de que exista pleno empleo en ciertas regiones del país. Pero Villasante insiste y agrega que "el régimen que nació a manera de incentivo ya hizo lo suyo: contribuyó al crecimiento y ahora las empresas deben incorporar de forma permanente al trabajador".

El laboralista Jorge To-yama no ve viable, como sugiere el ministerio, que una vez eliminada o modificada la ley los exportadores puedan utilizar los otros tipos de modalidades temporales que existen. ¿La razón? La demanda es muy fluctuante y no puede programarse, como se hace en otra actividades.

"Por qué ir a extremos y no sancionar ejemplarmente a los que incumplen", se pregunta. Será el Congreso el que defina el tema, pues trabajadores y empleadores no lograron arribar a un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo.