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ANÁLISIS ECONÓMICO

Un paso adelante, dos pasos atrás

Por Fritz Du Bois

El Gobierno debería seguir el ejemplo del 'Loco' Vargas, que nunca se dio por vencido y hasta el final empujó para delante. Especialmente ahora que en el partido de la economía mundial tenemos un marcador en contra. Por ejemplo, estamos viendo cómo bancos con más de 150 años corren el riesgo de desaparecer porque han perdido la confianza del mercado. Igual suerte pueden seguir los países que no se modernizan, ya que cuando no avanzan generan desaliento en la inversión y sus economías se estancan.

Esta semana nos cayó un baldazo de agua helada cuando el Perú descendió al puesto 62 en el ranking sobre el clima para hacer negocios que elabora el Banco Mundial. Las causas son las de siempre y sobre las cuales mucho se ha hablado, pero poco se ha actuado: el exceso de burocracia en general, la dificultad en lograr el cumplimiento contractual, la rigidez del mercado laboral, el tiempo que toma tanto pagar impuestos como desaduanar etc. Incluso, una cierta complacencia de tener la economía que más crece en la región habría llevado a algunos a pensar que ya no se requiere reformar ni reducir los altísimos e innecesarios costos de transacción que soportan el ciudadano y el empresario. Pero el riesgo de retroceder es real, basta ver las propuestas para restringir la inversión extranjera o revertir la reducción de aranceles para confirmar que si se pierde el impulso de avanzar se va rápidamente hacia atrás.

Por ello, es urgente retomar reformas que no estén solo limitadas a mejorar el gasto del Estado sino también a hacer competitivo al sector privado. En primer lugar, la reducción de la maraña burocrática es fundamental, no solo se encarece la inversión sino que siempre será fuente de corrupción. El presidente García empezó con mucho impulso, exigiendo a los ministerios que recorten procedimientos, pero al poco tiempo parece que se olvidó del asunto. Ahora, con el ajuste del gasto, se puede generar una nueva corriente entre entidades estatales de inventar trámites obligatorios simplemente para aumentar sus ingresos propios. La solución, aparte claro está de eliminar miles de trabas burocráticas, es decretar la gratuidad de cualquier trámite que el ciudadano esté forzado a realizar, limitándose el Estado a cobrar el costo del servicio prestado solo en aquellos casos que lo solicitan sin estar obligados.

Adicionalmente, se debe reducir el universo de los que caen en las garras del Poder Judicial y fomentar tanto la conciliación como el arbitraje, con el fin de abaratarlos y abrirlos más. Asimismo, reducir y unificar los aranceles para limitar la discrecionalidad aduanera, la que cada día parece estar peor; lo cual, sumado a los 200 millones de dólares en sobrecosto anual que representa el Callao, nos resta competitividad. Más aun en momentos como el actual, en que nuestros mercados entran en recesión, por lo que cada dólar de margen es fundamental para poder mantener la exportación. También sería vital ampliar los alcances de la Ley de Mypes a todo nuevo puesto de trabajo que se crea al margen del tamaño de la empresa, no solo para generar empleo adecuado sino también para dar un verdadero salto en la formalización.

Finalmente, cabe mencionar que los sobrecostos burocráticos representan un punto del PBI al año, asumiendo que al ciudadano y al empresario el tiempo perdido les cuesta otro tanto, tenemos dos mil millones de dólares anuales que se pierden sin darle al país ningún valor agregado. Por ello, junto con la reforma presupuestal se requiere a gritos la implementación de una agenda pendiente para poder realmente aligerar al Estado.

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