Por: Juan Paredes Castro |
A la hora de su diagnóstico (tan viejo como la República) los salarios del Estado son una caja de Pandora. A la hora de su solución (a salto de mata, entre huelgas y reposiciones) son el peor embudo que cada gobierno tiene entre manos.
La caja de Pandora no solo revela que los salarios en el Estado se componen de un básico en centavos y un total redondeado en múltiples bonificaciones, sino que además están desfasados del mercado y llevados, desde hace dos años, a vestir una camisa de fuerza de austeridad que les ha quitado, en niveles de alta responsabilidad, el atractivo competitivo que empezaron a adquirir.
La huelga médica es parte del problema de la caja de Pandora salarial del Estado, en la que se descubren horas-hombre fuera de escalafón, con una acumulación de negociaciones sindicales y prerrogativas institucionales que difícilmente le podría permitir a un ministro de Economía y Finanzas como Luis Valdivieso encontrar la fórmula siquiera rudimentaria de construir una global y homogénea estructura de remuneraciones.
Así como los médicos han ido rebajando sus horas de trabajo de ocho a seis horas y ahora buscan proyectarlas a cuatro, militares y policías no han logrado ordenar sus anárquicos niveles salariales, en la medida que una parte de estos se completa con vales de gasolina. Las universidades públicas, por su parte, han hecho de sus paralizaciones prolongadas un modo de vida, entre los reclamos docentes y las presiones administrativas. Y qué decir del sector judicial, donde el Estado no sabe si enfrentar primero las demandas de jueces y fiscales o aquellas otras administrativas con un peso sindical mayor.
Mientras no haya una estructura salarial estatal ordenada, el movimiento pendular del Gobierno, entre la caja de Pandora y el embudo presupuestal, seguirá subsistiendo como una carga cíclica negativa contra las expectativas de mejora de la gestión pública.
Quien finalmente sufre las consecuencias de una burocracia salarialmente caótica y desmotivada es la ciudadanía, que no siente que el Estado la sirva, como debe ser, ni en un hospital ni en un centro educativo ni en un juzgado. Y para colmo, los gobiernos regionales han tomado ahora en sus manos el manejo de nombramientos y planillas respecto de los cuales les divierte el rédito de poder que ello les brinda, más no la obligación de mejorarlo y modernizarlo.
La estructura salarial estatal no es un problema que deba ser resuelto en batallas políticas sino en fríos gabinetes de estudio especializado, trabajo que ningún gobierno quiere asumir y que, por el contrario, busca enredarlo más.
El ministro Valdivieso parece tener una fórmula de salida en mente que esperamos no retorne intacta con él a Washington, cuando deje el cargo.