Enviar

Rendición de cuentas: ¿para qué y para quién?

Por: Juan Paredes Castro |

Una reunión parlamentaria informal celebrada ayer parece haber hecho entrar en sensatez a un sector del Congreso opuesto al control de los gastos operativos y causante en parte de la mala imagen institucional de este poder del Estado.

Si ello es el buen comienzo de un esfuerzo por separar la paja del trigo y por mostrar a la opinión pública de qué lado están los propósitos de revertir el desprestigio parlamentario actual y de qué otro lado el afán de mantener el statu quo crítico, bienvenidas sean todas las reuniones de la Junta de Portavoces.

Por lo pronto priman dos opciones: una, la de incorporar los gastos operativos al sueldo de cada congresista, como una bonificación no pensionable y sujeta a descuentos tributarios; otra, la de conservar los gastos operativos como un rubro independiente del sueldo, pero sobre el cual tendría que efectuarse el 100% de rendición de cuentas.

Pues bien, ahí tienen los señores parlamentarios una elección crucial que debe pasar principalmente por su fuero moral y por la necesidad de marcar distancia de cualquier actitud que pretenda volver las cosas a lo mismo. Sería lamentable que se diera esto último y que luego todos los congresistas y la institución parlamentaria misma tuviera que pagar las consecuencias como ya lo está haciendo en cierta forma.

A las políticas del Deber, de la Hora Puntual y de tantas otras de los últimos tiempos, debería añadirse, sin candidez de por medio, la política de la Rendición de Cuentas, no como la circunscrita ahora al Congreso, volcada a las boletas de pago de los parlamentarios, sino extendida a lo largo y ancho de las principales tareas de la administración pública.

Necesitamos inclusive no solo una política, sino también una cultura de rendición de cuentas, como ocurre en otras democracias, sobre todo las anglosajonas, en donde la denominan 'accountability'. No podría concebirse un Estado camino a la modernidad sin esta exigencia en sus líneas de organización, productividad, competitividad y control.

Y no es que la 'accountability' tenga que centrarse en los valores en numerario que manejan el Gobierno, el Estado y sus funcionarios. Su peso específico tiene que ser el plus a sumar en la relación de confianza con la sociedad, que es la que espera que el Gobierno y el Estado precisamente le rindan cuentas.

Es aun mayor la obligación de la 'accountability' en quienes son elegidos por voto popular, en tanto y en cuanto sus electores esperan de ellos los resultados que formaron parte de sus propuestas y ofertas de campaña.

Esta es, pues, la gran deuda de quienes ejercen la función pública con los ciudadanos confinados a ser casi siempre los convidados de piedra de un Estado indiferente.