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La ley del 7

Por Fernando Vivas

Tengo en mis manos el anteproyecto de ley de radiodifusión estatal que debe regir el futuro de Canal 7 y Radio Nacional. No se ha hecho por gusto, sucede que la Ley de Radio y Televisión 28278, en sus artículos finales, dispuso la creación de una comisión multisectorial para elaborar el marco legal de los medios audiovisuales del Estado.

A la Presidencia del Consejo de Ministros, llamada a convocar la comisión, no le hizo gracia el encargo, pero igual nombró al aprista José Luis Delgado para que lidiara con representantes de varios ministerios y de la sociedad civil, entre los que estuvieron dos amigas de la ONG Calandria, Rosa María Alfaro y Marisol Castañeda, cuyo aporte lo veo en la teoría que subyace en el anteproyecto: respeto irrestricto a la libertad de expresión y a la multiculturalidad del país, promoción de la construcción de ciudadanía y de su accesibilidad a la pantalla, afianzamiento de la identidad nacional y de una televisión pública descentralizada para lo que se prevé que haya directorios regionales del IRTP (Instituto de Radio y Televisión del Perú, o sea Canal 7 y Radio Nacional).

Se le suma a esta intentona de papel para convertir el IRTP en cosa pública y no botín de gobierno, la designación de un defensor del radioyente y televidente (Art. 40) que debe tener por lo menos media hora semanal para airear reclamos del público.

Este marco teórico y principista suena bonito y se verá mejor aun si la programación lo honra con la libertad y flexibilidad del caso. Pero el anteproyecto tiene una seria limitación para su ejecución plena. En palabras menos elegantes, hay un punto crucial en el que el Gobierno, a través de José Luis Delgado, ha metido la yuca al entusiasmo cívico de otros comisionados: ¡el directorio lo preside un representante de la PCM elegido a dedo y que además será el director ejecutivo de la empresa! (Art. 18 y Art. 25).

No, pues. Todo lo avanzado en el debate sobre la TV pública se echaría a perder por esa barbaridad autoritaria. Si la PCM no tiene el buen tino de volver a convocar la comisión únicamente para reparar ese dislate, el Congreso tendrá que ser el lugar para corregirlo. Y que sea pronto.