Por Fernando Tuesta Soldevilla. Politólogo
El voto preferencial debe ser eliminado. Su popularidad ante la opinión pública no debe evitar esta medida cuyo impacto ha sido perverso en una representación política, que combina fraccionamiento y baja cohesión partidaria.
Después de treinta años de haber sido implementado, se ha demostrado que el voto preferencial desata una inevitable lógica fratricida y perversa en cada partido. Es así que cada candidato, al necesitar ganar más votos que los compañeros de su propio partido, debe diferenciarse de ellos, convirtiéndose en competencia interna allí donde debería haber colaboración.
El candidato debe llamar la atención haciendo cualquier cosa para conseguir que lo observen en un mar de candidaturas --como en el 2006, cuando 2.800 realizaron campañas individuales de 24 partidos--, ya de por sí alto.
Los candidatos sacrifican lo común del discurso partidario por el particular y demagógico de cada aspirante, quien intenta mostrar sus virtudes y ofrecer, en muchos casos, lo que solo como Ejecutivo podrían realizar. El resultado es una gran confusión de los discursos. La situación empeora en la medida en que tenemos elecciones simultáneas presidenciales, parlamentarias y para el Parlamento Andino. Es decir, el elector es afectado por un ruido comunicativo de miles de mensajes en diferentes direcciones y sentidos.
Todo lo anterior hace más difícil conocer el origen y gasto de los recursos económicos. Si la ley controla a los partidos con dificultad, le es casi imposible hacerlo cuando hay voto preferencial. Los candidatos son vulnerables al apoyo financiero privado y pueden, en algunos casos, como Italia y Colombia, caer en manos del dinero mal habido.
La lucha al interior de cada partido es tan intensa y competitiva por el voto que incluso los impulsa a impugnar muchas actas de escrutinio. Si pudiera, cada candidato tendría su personero, pues varios desconfían del partidario. Si a eso se agrega que la votación se hace más compleja para el elector como para el miembro de mesa, se entenderá por qué el 90% de las actas con errores se deben al voto preferencial y, en consecuencia, la demora en entrega de resultados.
Con todo lo anterior, difícilmente un sistema partidista frágil puede reconstituirse siendo más vulnerable a la indisciplina partidaria y al transfuguismo, por lo que no es raro que la gran mayoría de los que estuvieron involucrados en escándalos sean hijos del voto preferencial.
En consecuencia, se requiere eliminar el voto preferencial e implementar el sistema de lista cerrada. Pero se requiere, a su vez, ser exigentes en la inscripción de los partidos y reducir el número de invitados, potenciales tránsfugas partidarios. Las elecciones internas deben ser, obligatoriamente, asistidas por la ONPE, que debe capacitar y asesorar al comité electoral partidario, elegido con anticipación y con real independencia de la dirección del partido y cuyas decisiones puedan ser apelables a un tribunal de justicia. Asimismo, el cronograma, normas, padrón y hojas de vida deben estar obligatoriamente publicados en la web de cada partido y no en otro lado, facilitando la inscripción y descargando un costo al Estado. En un solo día se deben desarrollar las elecciones internas y la sociedad civil debe ejecutar la observación electoral, como bien lo ha hecho y con eficacia.
Todo esto tendrá sentido si se elimina el voto preferencial.